Nueva Ley: Impulso a la Gestión Pública en la Salud
La ministra de Sanidad, Mónica García, refuerza la intención del gobierno de priorizar la gestión pública en los servicios de salud, tras evaluar el impacto negativo que la privatización tiene sobre la atención sanitaria.
El Ministerio de Sanidad, encabezado por Mónica García, ha decidido dar un giro fundamental a la política sanitaria en España. La ministra señala que los modelos de gestión aplicados por administraciones anteriores, donde empresas privadas construyen y gestionan hospitales con el estatus de públicos, no son sostenibles ni desde el punto de vista económico ni sanitario.
Fin a la Gestión Privada en Hospitales
Este cambio de rumbo surge a raíz de casos como el del Hospital de Torrejón de Ardoz, gestionado por Ribera Salud, que ha suscitado opiniones críticas sobre criterios economicistas en la atención médica. Ante esta situación, la ministra ha acelerado la elaboración del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que busca consolidar la gestión pública como norma y limitar la intervención privada exclusivamente a situaciones excepcionales.
Principios Fundamentales del SNS
El texto establece una serie de principios cruciales que definirán el funcionamiento del SNS, tales como la universalidad, accesibilidad, equidad y calidad. García enfatiza que este marco normativo es vital para proteger la integridad del sistema sanitario frente al interés de grandes empresas que intentan influir en él.
Consorcios Sanitarios y Adherencia Administrativa
Los nuevos lineamientos obligan a que cualquier consorcio sanitario esté directamente vinculado a una administración sanitaria, asegurando que las decisiones y la gestión se realicen de acuerdo a estándares públicos. También se implementarán auditorías a fin de garantizar la transparencia y correcta utilización de los recursos involucrados.
Condiciones para la Gestión Indirecta
La ley estipula que la gestión indirecta de hospitales solo será aceptada en condiciones excepcionales, cumpliendo criterios de sostenibilidad y calidad del servicio. Para ello, se deberá presentar una memoria justificativa y un análisis exhaustivo por un comité especializado que valide la solución propuesta.
Refuerzo del Control Institucional
Un aspecto destacado del anteproyecto es el refuerzo del control institucional, que exigirá a las comunidades autónomas adoptar elementos de buena gobernanza en sus centros de salud. Se establecerán indicadores comunes de calidad y salud, con el objetivo de asegurar un estándar uniforme en el sistema sanitario.
Además, las administraciones tendrán la responsabilidad de publicar información periódica sobre la contratación y los resultados de salud, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión sanitaria.
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