Durante la sesión inaugural en la Audiencia Nacional, el cuerpo legal de la Abogacía defendió con firmeza su posición, argumentando que la Fiscalía Anticorrupción no debería considerar al Estado como responsable de las maniobras ilegales que, en 2013, se urdieron desde el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Según se señala, el objetivo de esta operación era obtener documentación comprometida para el partido, que ya enfrentaba problemas legales debido al caso Gürtel y a las revelaciones de Los papeles de Bárcenas.

Defensa del Estado y Acusaciones a Altos Cargos

Para esquivar las posibles repercusiones negativas, los abogados de la Administración argumentan que en la resolución del juez Manuel García-Castellón, que dio inicio al juicio en 2023, no se hizo mención explícita a la responsabilidad civil del Estado. Este aspecto, según la Abogacía, ha vulnerado el derecho de defensa del Estado y ha causado una «situación de injusticia material», impidiéndole presentar alegaciones ante las acusaciones.

El Doble Rol de la Abogacía del Estado

Este movimiento no solo subraya el interés por evitar sanciones, sino que también pone de manifiesto el doble papel de la Abogacía en este juicio. Por un lado, actúa como acusadora, solicitando penas para varios altos funcionarios del Ministerio del Interior de la era Rajoy, llevando la voz de la acusación que se concentra en el exministro Jorge Fernández Díaz. Por otro lado, la misma institución se ve obligada a defender al Estado frente a la posibilidad de tener que cumplir con las compensaciones económicas solicitadas.

Demandas de Indemnización en el Juicio

En su acusación, la Fiscalía Anticorrupción ha exigido que los inculpados paguen una indemnización de 6,000 euros a Bárcenas y 3,000 euros a su esposa, Rosalía Iglesias, por los daños causados. El ministerio público sostiene que el Estado debería ser considerado responsable «subsidiariamente», dadas las circunstancias que llevaron a la ejecución de estas operaciones ilegales.

No obstante, la Fiscalía no es la única parte que plantea esta responsabilización. La abogada de la familia Bárcenas ha reclamado que se condene a los acusados a indemnizar a sus clientes con una suma total de 1,2 millones de euros, insistiendo en que el Estado también debería asumir su parte como responsable civil, considerando que los delitos fueron cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones.

Expectativas del Tribunal

Se espera con gran interés la respuesta del tribunal ante la solicitud de la Abogacía del Estado en los próximos días. Los magistrados han agendado esta semana para tratar las cuestiones previas del juicio, reanudándose el martes con la contestación de las partes a las demandas iniciales de sus oponentes. La Fiscalía tendrá la oportunidad de replicar las argumentaciones de los servicios jurídicos de la Administración, marcando un momento crucial en el desarrollo del caso.