La investigación del caso Plus Ultra, que resultó en la captura del presidente y el CEO de la aerolínea, ha revelado conexiones sorprendentes entre Suiza, Francia y España. Desde el año pasado, estas naciones han proporcionado información crucial a la Fiscalía Anticorrupción, vinculando a figuras como Luis Felipe Baca Arubulu y Danilo Alfonso Díazgranados con un esquema que blanqueaba fondos ilícitos, utilizando presuntamente 53 millones de euros del rescate estatal otorgado en 2021.

Las conexiones internacionales del caso

Enrique Baca Arbulu, hermano de Luis Felipe, también se encuentra en el centro de esta investigación. A través de diversas sociedades en Madrid, ha estado involucrado en asesoramiento económico e inversiones. Entre sus activos, se encontraban propiedades en regiones como Hossegor y el barrio de Salamanca en Madrid. Las autoridades han rastreado estas propiedades en el marco de la pesquisa por blanqueo.

Operativo de la UDEF y hallazgos impactantes

Con base en solicitudes de Francia y la Fiscalía de Ginebra, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) llevó a cabo un operativo que incluyó registros en Madrid, Tenerife y Mallorca. Se han hallado documentos y pertenencias en las propiedades de Baca y Díazgranados, elementos clave para esclarecer el entramado delictivo que utilizaba la compra de bienes raíces y objetos de lujo como fachada para el blanqueo de fondos provenientes de Venezuela.

Un auge vinculado al chavismo

Díazgranados, conocido por sus vínculos con el chavismo, ha gestionado enormes sumas de dinero que supuestamente se han malversado dentro del régimen venezolano. Según investigaciones previas, fue responsable de mover 1.500 millones de euros destinados a inversiones. La Fiscalía Anticorrupción considera que tanto Baca Arubulu como Díazgranados forman parte de una «organización criminal» que operaría en varios países europeos.

La financiación de Plus Ultra y la continuidad de las investigaciones

Se ha confirmado que la aerolínea recibió diversos préstamos, incluido uno de 1,3 millones de euros a través de tres fondos de capital riesgo, que supuestamente derivaron en desvíos de las ayudas estatales tras su recepción. La complejidad del caso ha obligado a mantener bajo secreto las diligencias tanto en Francia como en España, lo que ha dificultado el acceso a detalles adicionales sobre el caso.

Actualmente, los detenidos, que fueron liberados bajo medidas cautelares, enfrentan serias acusaciones en el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Entre ellos se encuentran no solo los altos directivos de Plus Ultra, sino también otros actores que han emergido en el desarrollo de esta compleja historia de blanqueo y corrupción.