El 30% de reserva solo ha generado 34 viviendas asequibles en ocho años

El 30% de reserva solo ha generado 34 viviendas asequibles en ocho años

Barcelona y la Vivienda Asequible: Un desafío sin solución

La implementación de una normativa en Barcelona para fomentar la construcción de viviendas a precios accesibles enfrenta serios obstáculos, a pesar de las expectativas iniciales.

Desde el 14 de diciembre de 2018, una normativa obligó a los nuevos desarrollos y a las importantes remodelaciones en Barcelona a destinar un 30% de sus viviendas a precios asequibles. Sin embargo, tras casi ocho años de su entrada en vigor, solo se han concretado 34 unidades, muy por debajo de las 330 esperadas anualmente. Esta cifra fue revelada por Laia Bonet, teniente de alcalde de Urbanismo, durante una acalorada sesión del pleno municipal en julio.

La situación se complicó cuando el Partido Popular (PP) propuso revocar la normativa para renegociarla con el sector privado. El debate reveló diferencias profundas entre los grupos políticos: a pesar del respaldo limitado del PP y Vox, el partido en el poder, PSC, y BComú se opusieron firmemente, mientras que Junts se abstuvo. En este contexto, se evidenció que el sector privado ha trasladado su interés a otros municipios, lo que llevó a los socialistas y posconvergentes a una posición distante a partir de febrero de 2025, con Collboni sugiriendo dejar el tema en pausa hasta la próxima administración.

Negociaciones Estancadas

Junts y PSC buscan un nuevo acuerdo, pero la falta de voluntad es evidente

Durante el pleno, también se abordaron diversos incidentes relacionados con las obras públicas, como los socavones en Sant Gervasi y el incidente de gas en Sants. El alcalde Collboni se disculpó con los vecinos afectados, especialmente aquellos que llevan semanas sin poder regresar a sus hogares, y apuntó hacia el Govern, mencionando que «no son admisibles los errores de empresas o Administraciones que afectan la vida cotidiana de las personas».

Además, se aprobó una propuesta del PSC para instar al Congreso a modificar la ley de arrendamientos urbanos, buscando regular los aumentos en los alquileres comerciales. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por Barcelona Oberta, la asociación que agrupa a los ejes comerciales, que subrayó la necesidad de más confianza y incentivos en lugar de regulaciones.

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