Manuel Egea, decano del Colegio de Abogados de Lucena, ha alzado la voz contra la reciente medida del Ministerio de Justicia, que traslada los procedimientos de violencia sobre la mujer desde localidades como Lucena, Cabra y Pozoblanco a la capital provincial. Egea califica esta decisión como un «auténtico desastre» y sostiene que se ha implementado «sin consultar a jueces ni abogados».

Cargas Adicionales para la Justicia Local

El decano ha enfatizado que esta reestructuración ha complicado el funcionamiento de los juzgados, en lugar de mejorarlo. Según su análisis, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Córdoba está «colapsado», lo que repercute negativamente en el trato a las víctimas y en la operatividad de los abogados intervinientes.

Desplazamientos Problemáticos

Uno de los principales retos señalados por Egea es el traslado de detenidos desde el partido judicial de Lucena -que abarca varios municipios- a Córdoba. «La Policía Nacional enfrenta serias dificultades debido a la escasez de recursos humanos y materiales», revela, destacando que estos movimientos requieren una planificación considerable que sobrecarga a los operativos.

Condiciones Inadministrables para Víctimas y Abogados

La situación se vuelve aún más crítica durante la jornada, donde en un solo día el juzgado puede recibir hasta 11 víctimas y 11 detenidos antes de las 13:00 horas. «Es imposible gestionar semejante volumen», afirma Egea, quien además indica que los problemas se intensifican cuando los detenidos tardan en trasladarse, como cuando llegan tarde a las puertas del juzgado y deben regresar a Lucena.

Desamparo Nocturno

Egea ha señalado que durante la noche, los juzgados de Lucena y Cabra, que ya han perdido competencia en estos procesos, no pueden atender casos urgentes. «Esto deja a los detenidos sin atención, prolongando innecesariamente su estancia en comisarías», explica.

Reaccionando a la Crisis Judicial

El descontento es palpable entre abogados y víctimas que, tras la medida, se ven forzados a realizar largos desplazamientos a Córdoba, dificultando aún más el acceso a la justicia. Egea también ha cuestionado la premura de esta decisión, preguntándose cómo fue posible que el ministro Félix Bolaños impulsara un cambio tan complejo.

Propuesta de Reestructuración Local

Ante el escenario actual, el decano sugiere que sería más beneficioso establecer un juzgado exclusivo de violencia sobre la mujer en el sur de la provincia. Esto permitiría una gestión más eficiente y reduciría la carga sobre Córdoba. Además, se ha evaluado una segunda reestructuración que abarcaría zonas del norte como Pozoblanco.

Reacción Política

Las críticas no se limitan al ámbito judicial. El Partido Popular también ha exigido al Gobierno que revierta la centralización de los juzgados de violencia de género, resaltando los perjuicios que esta medida ha traído a las víctimas. José Antonio Nieto, del PP, ha manifestado la necesidad de una atención más cercana y confía en que la Junta de Andalucía apoyará esta reclamación.

Nieto argumenta que la reorganización aprobada por el Gobierno de Sánchez y Montero está lejos de ser lógica y marcha en contra de recomendaciones judiciales y administrativas, exacerbando la ya intensa carga de trabajo del sistema judicial de Córdoba.