Concejala y arquitecto vinculan a sus hijos con viviendas públicas en Alicante

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Controversia en Alicante: El Alcalde Investiga Adjudicaciones de Viviendas en Playa de San Juan

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se comprometió a llevar a la Fiscalía cualquier indicio de irregularidad en la adjudicación de viviendas de protección pública en Playa de San Juan. Su decisión responde a una reciente denuncia sobre la posible implicación de funcionarios en el proceso.

Un Anuncio Rotundo y Determinado

Durante el pleno ordinario, Barcala expresó su firme intención de actuar ante cualquier señal de corrupción. “No voy a detenerme hasta llegar al fondo de este asunto”, aseguró. El desencadenante de su declaración fue una publicación del diario Información, que reveló que varias personas vinculadas al gobierno local habían adquirido propiedades de esta promoción.

Apertura de un Expediente de Investigación

Ante la gravedad de las acusaciones, el alcalde anunció la apertura de un expediente para investigar los hechos. “Es esencial determinar si las acusaciones son solo rumores o si hay algo más serio detrás”, afirmó Barcala.

Responsabilidad en la Investigación

El secretario general del Ayuntamiento será el encargado de llevar a cabo esta investigación. Para ello, se ha solicitado información detallada de todas las partes involucradas, desde funcionarios hasta adjudicatarios, para esclarecer la situación.

Demandas de la Oposición

La portavoz del PSPV, Ana Barceló, solicitó la creación de una comisión de investigación para indagar sobre posibles “tratos de favor”. También demandó el cese de la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien supuestamente está implicada. “El escándalo es evidente, y el Partido Socialista no dudará en acudir a la Fiscalía”, añadió Barceló.

Cuestionamientos sobre el Proceso de Adjudicación

Barceló también cuestionó la transparencia del plan del gobierno local para edificar 6.000 viviendas, sugiriendo que beneficiarios con vínculos políticos podrían haber tenido acceso privilegiado. La situación es clara: cualquier irregularidad debe ser indagada a fondo, y los responsables no deben quedar impunes.

Respuestas de otros Partidos

Desde Vox, el concejal Mario Ortolá exigió la destitución de la directora general María Pérez-Hickman, argumentando que la confianza en los alto cargos está en juego. “No podemos permitir que surjan dudas”, advirtió Ortolá.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, criticó al alcalde por la gestión del proceso de adjudicación, que según él, refleja un patrón de corrupción en el gobierno. “Debería haber paradas las adjudicaciones hasta que se aclare todo”, sentenció.

Demandas de Transparencia y Rendición de Cuentas

Compromís también se unió a la llamada de una comisión de investigación y solicitó a la Generalitat información detallada sobre la promoción de viviendas, buscando claridad sobre los procedimientos y criterios utilizados. Los tres grupos de izquierda se preparan para pedir un pleno extraordinario para discutir el tema y exigir explicaciones al alcalde.

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