S. B. se vio forzada a abandonar su hogar en mayo, luego de ser víctima de una agresión por parte de su pareja, mientras estaba embarazada de tres meses. Después de denunciar la situación, obtuvo una orden de alejamiento y fue acogida en un centro de emergencia, donde pudo iniciar un proceso de recuperación que le permitiría llevar su embarazo con más tranquilidad. Sin embargo, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) abrió un expediente de desamparo preventivo para su futuro hijo, lo que complicó su recuperación.

Un Parto en Condiciones Dificultosas

El bebé nació a fines de noviembre, pero las circunstancias no fueron favorables. Durante la hospitalización, S. B. solo tuvo acceso a su hijo por dos horas al día. Una vez dados de alta, el tiempo de visita se redujo a una hora semanal. Actualmente, el niño se encuentra en una familia de acogida temporal.

Los Motivos del Desamparo

La decisión de retirar la custodia se basó en cuatro indicadores de riesgo, según un informe de la DGPPIA al que tuvo acceso el medio. El primero señala el estado psicológico de S. B., diagnosticada con un trastorno de ansiedad. El segundo, la existencia de violencia machista en su entorno, vinculada a su pareja anterior. El tercero, situaciones de riesgo percibidas cuando la madre se acercó a personas de su pasado violento. Y el cuarto, la falta de un hogar propio, ya que actualmente reside en un piso de protección.

La Percepción de los Expertos

La abogada de S. B. tildó la decisión de injustificada, afirmando que no hay motivos suficientes para retirar la custodia del recién nacido. Remarcó que, aunque S. B. enfrenta retos, no son impedimentos absolutos para ejercer su maternidad. El sistema, según ella, necesita un enfoque más comprensivo hacia las madres vulnerables.

Un Sistema que Revíctimiza a las Mujeres

Ramón Quintano, vicepresidente de la Societat Catalana d’Advocats de Família, calificó la situación como alarmante, sosteniendo que se debería brindar apoyo a S. B. en lugar de culpabilizarla. Según Quintano, la violencia previa se convierte en un factor que determina la vulnerabilidad del menor, llevándolos a decisiones drásticas de separación familiar sin suficiente respaldo judicial.

Un Contexto de Crisis y Vulnerabilidad

El caso de S. B. no es aislado, sino que se inscribe en un contexto donde, en lo que va del año, 46 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. El sistema de atención a la infancia catalán ha sido objeto de críticas después de varios escándalos que revelaron serias irregularidades en su gestión.

Como resultado, S. B. se siente desprotegida y comparte su descontento con las instituciones, argumentando que su intento de buscar ayuda terminó en una sanción que le costó la custodia de su hijo. Ella y su abogada insisten en que es fundamental no solo ofrecer apoyo a mujeres como S. B., sino también garantizar un sistema más justo y transparente para proteger a los menores.