Un Cartero de Vic Condenado por Descartar Correspondencia Electoral
Un cartero de 64 años ha sido sentenciado a un año de prisión por deshacerse de cartas que debía entregar, incluyendo propaganda electoral de Junts per Catalunya. Este caso resalta el impacto de la negligencia en el servicio postal durante momentos clave en el panorama político español.
En noviembre de 2019, mientras España se preparaba para unas elecciones repetidas tras el intento fallido de Pedro Sánchez por formar gobierno, un cartero en Vic, J. P. M., tomó la decisión de ignorar su deber. El 6 de noviembre, optó por tirar a la basura toda la correspondencia que debía repartir, acumulando así un delito de infidelidad en la custodia de documentación.
Un Delito que No Pasó Desapercibido
La Audiencia de Barcelona ha dictado una sentencia contra el cartero, quien aceptó los cargos mediante un acuerdo con la Fiscalía. El juicio, programado para iniciar el lunes, fue cancelado tras este pacto que derivó en una pena reducida de un año de cárcel, evitando, de esta manera, su ingreso en prisión.
Contenido de Correspondencia Descartada
El fallo judicial comprobó que el acusado arrojó al contenedor azul importante correspondencia. Entre los objetos desechados se encontraban dos cartas de Movistar, una de Google, una notificación de Naturgy y 201 folletos electorales de Junts per Catalunya, encabezados por Laura Borràs. “Lejos de llevar a cabo su tarea», apunta el texto del fallo, «el acusado procedió a arrojar los sobres en un contenedor para la recogida de papel y cartón”. Además de la pena de cárcel, el cartero deberán abonar una multa de 1.050 euros y enfrentar una inhabilitación de tres años para ejercer como empleado público.
Descubrimiento y Consecuencias
El hecho fue descubierto por vecinos del área que encontraron la documentación electoral en el contenedor. Alertaron a Correos, lo que llevó a un funcionario a investigar el incidente. Tras recuperar las cartas, las entregó a los destinatarios correspondientes, mientras que el sistema legal ofreció a Junts per Catalunya y a las empresas afectadas la opción de tomar acciones legales, pero estas decidieron no proceder.
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