Abogacía del Estado y Fiscalía preparan el camino para que el TC apoye la amnistía a Puigdemont

Abogacía del Estado y Fiscalía preparan el camino para que el TC apoye la amnistía a Puigdemont

El Futuro de Carles Puigdemont: Un Envión Judicial Inesperado

La Abogacía del Estado y la Fiscalía han dado un giro inesperado al respaldar la solicitud de amparo de Carles Puigdemont ante el Tribunal Constitucional, planteando interrogantes sobre la interpretación de la ley de amnistía.

Un Respaldo Sorprendente para Puigdemont

Los informes de ambos organismos no solo apoyan la reclamación del exlíder independentista, sino que también cuestionan las decisiones del Tribunal Supremo que desestimaron la amnistía para el delito de malversación. Puigdemont argumenta que sus derechos fueron vulnerados al no aplicarse esta ley.

Caminos Ásperos para el Alto Tribunal

El camino parece despejado para que el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, reconsidere el fallo del Supremo. Tanto el juez Llarena como la Sala Segunda son acusados de haber violado derechos fundamentales al no aplicar la ley en el caso de Puigdemont.

Las Críticas al Tribunal Supremo

En los documentos revisados, la Abogacía del Estado y el Ministerio Público criticaron la interpretación que el Supremo hizo de la ley como «inmotivada e irrazonable», señalando “lagunas y contradicciones insalvables”. Se destaca, además, el voto particular de la magistrada Ana Ferrer, quien cuestionó la negativa del tribunal a considerar las circunstancias de los líderes del ‘procés’.

El Enigma de la Malversación

Francisco Sanz Gandastegui, abogado-jefe de la Abogacía, se pregunta por qué el Supremo no consideró los beneficios personales de los condenados en sus sentencias previas, pero sí ahora en relación a la amnistía. Resalta que la ley fue concebida para absolver actos vinculados a la reivindicación de la independencia de Cataluña, sin verificar un interés patrimonial personal.

Argumentos de la Fiscalía

El fiscal Pedro Crespo también se suma a las críticas, apuntando a que el Supremo incurre en «contradicciones y saltos argumentales» que no se ajustan a los principios de razonabilidad establecidos en la Constitución. Según Crespo, es evidente que la voluntad del legislador no era restringir la amnistía para aquellos que, desde su posición institucional, llevaron a cabo la organización del referéndum secesionista.

Una Pregunta Sin Respuesta

Crespo lanza una profunda interrogante: ¿qué sentido tiene esperar que un gobierno abone de su propio bolsillo por actos que solo pudieron ejecutarse gracias a sus cargos? Esta inquietud abre la puerta a un debate sobre las responsabilidades políticas y judiciales en el contexto del ‘procés’.

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