Ábalos solicita al Congreso la recuperación de sus derechos como diputado en medio de su situación judicial

Ábalos solicita al Congreso la recuperación de sus derechos como diputado en medio de su situación judicial

José Luis Ábalos Solicita el Retorno de sus Derechos como Diputado ante el Tribunal Supremo

El exministro socialista José Luis Ábalos ha recurrido a la Mesa del Congreso de los Diputados para recuperar sus derechos como legislador hasta que el Tribunal Supremo decida sobre su situación de prisión preventiva, programada para el próximo 15 de enero.

Ábalos, quien enfrenta serios cargos, ha presentado un recurso ante el alto tribunal, argumentando que su encarcelamiento carece de fundamento. En su apelación, destaca la falta de pruebas concluyentes, la imposibilidad de fuga y la vulneración de su derecho a la representación política. Además, reclama que la prisión preventiva está siendo empleada de manera inapropiada.

En un escrito que compartió a través de su cuenta en X, el 31 de diciembre, el exministro enfatiza que su suspensión del cargo implica “la pérdida del derecho a la asignación económica” y de toda asistencia relacionada con su labor, dejándolo sin ingresos del Congreso y sin cobertura social.

A su vez, Ábalos recalca que la verdadera gravedad del asunto radica en la «pérdida» de su voto, lo que, a su juicio, priva a los ciudadanos de Valencia que lo votaron el 23 de julio de 2023, de su representación democrática.

El exdirigente del PSOE también señala que su suspensión altera la composición del Congreso, reduciendo el número de diputados de 350 a 349.

Por lo tanto, Ábalos está instando a la Mesa del Congreso a que reconsideren su decisión, tomada con «precipitación», y demanda que se le restituya sus derechos y obligaciones al menos hasta la vista judicial, argumentando que la medida cautelar es «tan excepcional como injustificada».

La suspensión de Ábalos se oficializó el 10 de diciembre, tras la confirmación de su procesamiento por delitos relacionados con organización criminal, cohecho y malversación, conforme al artículo 21.2 del Reglamento del Congreso, lo que implica la pérdida de derechos, remuneraciones y protección social.

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