Níjar Prohíbe el Acceso a Dependencias Municipales con el Rostro Cubierto
El Ayuntamiento de Níjar, en Almería, ha dado un paso controvertido al aprobar una normativa que prohíbe el acceso a sus instalaciones a personas con el rostro oculto. Esta medida, impulsada por Vox y respaldada por el Partido Popular, ha generado reacciones encontradas en la comunidad y entre los partidos políticos.
Detalles de la Nueva Regulación
El pleno del Ayuntamiento aprobó la medida el pasado jueves, estableciendo que no se permitirá el ingreso a sus dependencias a personas que cubran parcial o totalmente su rostro. La primer teniente de alcalde, Pilar Fenoy, justificó que esta normativa tiene como objetivo garantizar la identificación visual de los usuarios en los servicios públicos, sin importar la motivación personal o religiosa detrás de las prendas.
Argumentos a Favor y en Contra
Fenoy destacó que ocultar el rostro dificulta la identificación y puede dar pie a suplantaciones, asegurando que la normativa se aplica a cualquier prenda que impida la visualización del rostro. Por su parte, la coalición Por Andalucía criticó la propuesta, calificándola de “islamófoba” y afirmando que carece de justificación real en un municipio con una alta proporción de población migrante.
Reacciones de la Comunidad
María Jesús Amate, coordinadora de Izquierda Unida en Almería, expresó que esta medida genera miedo y fractura la convivencia, considerando que regular un fenómeno «anecdótico» es irresponsable. Además, el coportavoz de la formación, José Cano, acusó al Partido Popular de ceder ante la agenda de la ultraderecha para mantenerse en el poder.
Contexto Legal y Anterior
Esta decisión llega en un momento en el que otras localidades están considerando regulaciones similares. Apenas dos días antes, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó una moción similar. Sin embargo, en el ámbito nacional, una reciente propuesta de Vox para prohibir el burka y el niqab en lugares públicos fue rechazada por el Gobierno.
Jurisprudencia Relevante
Es importante destacar que en 2013, el Tribunal Supremo anuló una ordenanza similar en Lleida, argumentando que limitaba el ejercicio de la libertad religiosa y que no existía base legal para esta prohibición. Según la jurisprudencia, cualquier restricción a derechos fundamentales debe estar sustentada por una ley aprobada en el contexto nacional.
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