Cantabria impugna la orden de Cartes y toma medidas urgentes para evitar la parálisis del centro de menores

Cantabria impugna la orden de Cartes y toma medidas urgentes para evitar la parálisis del centro de menores

Tensión entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Cartes por un centro de menores

Un conflicto entre instituciones se desata en Cantabria tras la decisión del Gobierno regional de recurrir a la justicia para evitar la paralización de un centro de menores en Cartes, lo que podría tener graves consecuencias para la atención de los jóvenes allí acogidos.

La disputa surgió cuando el Ayuntamiento de Cartes emitió una orden que exigía la suspensión inmediata de las actividades del centro, argumentando irregularidades administrativas. Sin embargo, el Ejecutivo de Cantabria considera que esta medida compromete la atención vital que reciben los menores y afecta a competencias que considera de su ámbito exclusivo.

Un recurso urgente para proteger a los menores

Ante esta situación, la Consejería implicada ha presentado un recurso de medidas cautelarísimas, un procedimiento que busca frenar de inmediato la orden del Ayuntamiento mientras se resuelve la validez de la misma en los tribunales.

Fuentes del Gobierno regional subrayan que su principal objetivo es asegurar la continuidad del servicio y salvaguardar el bienestar de los menores. Estas medidas permiten que el centro siga funcionando sin interrupciones, mientras el juez evalúa el caso.

Reacción del Ayuntamiento y el clima de incertidumbre

Desde el Ayuntamiento de Cartes, defienden que su actuación está dentro de sus competencias y que la orden se fundamenta en cuestiones técnicas relacionadas con el funcionamiento del centro. Este choque ha generado un conflicto institucional que ahora debe resolverse en la justicia.

El personal del centro, mientras tanto, continúa operando con normalidad, cumpliendo las directrices del Gobierno regional. La administración autonómica ha enfatizado que el recurso no solo busca detener la orden municipal, sino también proteger otros servicios esenciales de posibles intervenciones similares.

Preocupación entre la comunidad

La situación ha generado inquietud entre los vecinos y organizaciones sociales, que observan con preocupación el futuro del recurso, considerado crucial para la protección de menores en situación de vulnerabilidad. Aunque el proceso judicial apenas comienza, la activación de medidas cautelarísimas garantiza que el centro mantenga su operatividad sin cambios.

La resolución del juez será determinante para definir los siguientes pasos en este conflicto, pero el Gobierno de Cantabria ha manifestado claramente que priorizará la defensa de la continuidad del servicio.

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