Vox pide la prohibición del burka en edificios públicos de tres municipios de Mallorca

Vox pide la prohibición del burka en edificios públicos de tres municipios de Mallorca

Título: Vox Promueve la Identificación Facial en Edificios Públicos de Mallorca

Bajada: Los grupos municipales de Vox buscan implementar una medida que exija la identificación del rostro para acceder a edificios públicos, proponiendo así la prohibición de prendas que oculten la cara.

Los concejales de Vox en los municipios de Sa Pobla, Manacor y Felanitx han presentado una moción que exige la identificación facial como requisito para acceder a edificios públicos. Esta iniciativa, que busca prohibir el uso de prendas como el niqab y el burka, se fundamenta en razones de seguridad pública.

Debate Municipal y Propuesta Similar en el Parlament

La moción será discutida en los plenos programados para este jueves en Sa Pobla y el próximo lunes en Manacor y Felanitx. Esta propuesta llega tras la discusión de una proposición no de ley (PNL) presentada por el PP en el Parlament, que persigue un objetivo similar al reclamar la prohibición de estas prendas en espacios públicos.

Seguridad y Protección de Datos Personales

Roberto Vicente, Esteban Sureda y María Vidal, portavoces de Vox en los respectivos ayuntamientos, argumentan que los edificios municipales son lugares donde se gestionan datos personales y se llevan a cabo trámites legales, lo que exige un nivel de seguridad elevado. “La identificación del rostro es un requisito indispensable. No podemos ofrecer servicios públicos a personas cuya identidad no pueda ser verificada visualmente”, afirmaron.

Obstáculo a la Función Pública

La moción destaca que la ocultación de la cara mediante prendas “sin arraigo en España” dificulta la labor de cumplir con las funciones públicas y previene la suplantación de identidad. “Esta regulación no es asunto religioso, sino una necesidad técnica y de seguridad”, enfatizaron los regidores.

Solicitud de Reglamento Interno

Los representantes de Vox también solicitaron a sus ayuntamientos que se elabore un reglamento interno que formalice esta prohibición, asegurando que la normativa sea “clara y visible” para todos los ciudadanos. “Es una cuestión de sentido común y de respeto hacia nuestras normas de convivencia. Los consistorios deben ser espacios seguros donde la transparencia y la identificación personal sean la norma”, concluyeron.

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