La Regularización de Migrantes: Un Paso Hacia la Justicia Social en España
Entidades de la Iglesia celebran la nueva medida del Gobierno que promete regularizar a cientos de miles de migrantes en situación irregular, resaltando su importancia para la inclusión y el desarrollo social.
Celebración por la Nueva Regulación
La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), junto a Cáritas y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), ha aplaudido la reciente regularización extraordinaria de migrantes anunciada por el Gobierno mediante un real decreto. Este paso ha sido calificado como un «acto de justicia social» que reconoce a las personas migrantes que, a través de su trabajo, han contribuido al desarrollo del país a pesar de las adversidades que enfrentan.
Una Demanda Social Necesaria
Las organizaciones eclesiales remarcan que esta medida responde al clamor de la sociedad. “Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una comunidad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión”, expresaron, enfatizando la necesidad de una acción política, ética y social responsable.
Complemento al Reglamento de Extranjería
Según estas entidades, la regularización extraordinaria se considera un «complemento imprescindible» al Reglamento de Extranjería, que no abarca a todos los migrantes que enfrentan dificultades para ajustar su estatus. Aunque este reglamento ha aportado avances en ciertos aspectos, todavía presenta carencias que requieren reforma, particularmente en cuanto a su flexibilidad y accesibilidad.
Colectivos Vulnerables Quedando Fuera
Las entidades han señalado que bajo el actual reglamento, implementado en mayo de 2025, quedan excluidos numerosos colectivos vulnerables. Esto incluye a aquellos sin la posibilidad de demostrar dos años de residencia, indocumentados sin acceso a la cédula de inscripción debido a trámites complejos, y personas con dificultades para encontrar empleo por cuestiones como edad, discapacidad o salud.
Estadísticas Alarmantes
El último informe de FOESSA sobre exclusión y desarrollo social revela que el 47% de las personas atendidas por la institución en 2024 aún se encontraba en situación irregular. Esto representa alrededor de 550.000 individuos que podrían beneficiarse de la nueva regulación, marcando una urgencia palpable en la necesidad de estas reformas.
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