La normativa interna de Vox establece que la edil puede ser expulsada debido a su implicación en un procedimiento judicial. Esta medida está contemplada tanto en los estatutos de la formación como en su Código de Conducta, permitiéndole al partido actuar en diferentes momentos del proceso legal que enfrenta Herrero.

El procedimiento penal y su impacto en Vox

Recientes fuentes sugieren que podría ser inminente una suspensión temporal de su militancia, especialmente si avanza la apertura de juicio oral. Sin embargo, la decisión aún no se ha abordado oficialmente dentro del partido.

Demandas de la Fiscalía

La Fiscalía ha solicitado penas de prisión que oscilan entre 14 meses y tres años por delitos de odio. Esto se debe a mensajes racistas que la edil publicó en la red social X (anteriormente Twitter) entre 2020 y 2024.

En total, se han contabilizado más de 20 tuits que la sección de Delitos de Odio del Ministerio Público considera que fomentan el desprecio y la hostilidad hacia diversos colectivos, incluyendo migrantes y personas LGTBI.

Mensajes como “Los moros nos invaden” y “Fuera África de la Europa civilizada” fueron algunas de las consignas denunciadas ante la Fiscalía por Compromís, exacerbando la tensión en el ámbito político y social de la ciudad.

Un posible juicio y su repercusión

La Fiscalía también ha pedido la inhabilitación de Herrero para ocupar cargos públicos durante el tiempo que dure la condena. El próximo paso será la apertura de juicio oral en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, un proceso que podría demorar meses.

En este punto, Vox deberá decidir cómo proceder con la situación de su concejala, una decisión que puede ser influenciada por los resultados de la sentencia o la fecha del juicio.

Normativa interna y potencial expulsión

La normativa vigente en Vox, especialmente el artículo 38 de sus estatutos, permite la suspensión automática de miembros que se encuentren en un procedimiento penal. Asimismo, el Código de Conducta estipula que cualquier cargo público que enfrente un juicio debe poner su posición a disposición del partido.

Esto le otorga a Vox un amplio margen de acción, y aunque la apertura de juicio oral es la práctica convencional, la decisión puede tomarse en cualquier momento.

Cecilia Herrero y su defensa del derecho a expresarse

En declaraciones recientes, Cecilia Herrero ha criticado que una suspensión de su militancia contradice los principios defendidos por su partido y su líder, Santiago Abascal. Según ella, la postura de Vox sobre la libertad de expresión choca con este tipo de circunstancias, especialmente en un contexto donde se reclama la presunción de inocencia para sus miembros.

La edil también ha expresado su frustración por no haber sido notificada oficialmente sobre los cargos en su contra, enterándose de ellos a través de los medios de comunicación.

Un historial turbio en Vox

Este no es el primer lío en el que se ve envuelta Herrero. En marzo del año pasado, ella misma se dio de baja del partido durante una crisis de gobierno que afectó al Ayuntamiento de Valencia, desencadenada por la suspensión temporal de su pareja, Juanma Badenas.

La situación requirió un delicado proceso de negociaciones para restaurar la estabilidad dentro del Ejecutivo municipal. Actualmente, se vislumbra que si llegara a ser expulsada, no renunciaría a su acta, convirtiéndose en concejala no adscrita.

La incertidumbre también se cierne sobre las futuras elecciones municipales de 2027, donde parece altamente probable que su nombre no figure en las listas de Vox. La resolución de su situación judicial podría definir su futuro político antes del comienzo de la campaña.