Un Ayuntamiento de Gerona clasifica el castellano como 'lengua extranjera' en su normativa sobre el catalán

Un Ayuntamiento de Gerona clasifica el castellano como ‘lengua extranjera’ en su normativa sobre el catalán

La Controversia Lingüística en Santa Coloma de Farners: CCC Se Opone a las Nuevas Normas

La organización Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha dado un paso firme contra el nuevo reglamento sobre el uso del catalán en el municipio de Santa Coloma de Farners, argumentando que limita el uso del castellano y crea un sistema excluyente.

La CCC ha presentado alegaciones al acuerdo inicial del Ayuntamiento, advirtiendo que de permanecer este texto, tomarán acciones legales ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Un Modelo Lingüístico Excluyente

Este reglamento es acusado por CCC de no solamente promover el catalán, sino de implementar un modelo lingüístico excluyente. Según la entidad, esto desvía el principio de cooficialidad y coloca al castellano en una posición subordinada, convirtiéndolo en una lengua que debe ser solicitada expresamente por los ciudadanos.

El Castellano Tratado Como Lengua Extranjera

El comunicado de CCC señala que, en la práctica, el reglamento asimila el castellano a una lengua extranjera: su utilización queda limitada a la solicitud del ciudadano, lo que considera una violación de sus derechos básicos ante la Administración.

El Artículo 7: Una Obligación Normativa

La cláusula más discutida es el artículo 7, que establece que el personal municipal debe comunicarse en catalán, independientemente del idioma utilizado por el ciudadano. Esto transforma el uso del castellano en una excepción y no en una norma.

Un Sistema Que Penaliza la Solicitud de Derechos

CCC argumenta que esta norma debería ser neutral, pero en lugar de ello, establece un sistema que carga al ciudadano con la responsabilidad de insistir en su derecho a ser atendido en castellano.

Tramitaciones y Documentación: Una Seria Limitación

Además, el artículo 4 del reglamento establece que la documentación administrativa debe tramitarse en catalán, relegando el uso del castellano a un ámbito muy restringido y condicionado. Esta normativa contradice el derecho constitucional de los ciudadanos a utilizar la lengua oficial que deseen desde el primer contacto.

Imposición Lingüística en el Ámbito Privado

El artículo 25 va más allá, colocando exigencias lingüísticas en el sector privado. Obliga a contratistas a utilizar el catalán en todo tipo de documentación relacionada con sus servicios, lo que CCC considera una forma de presión lingüística inaceptable en un contexto que debe garantizar la igualdad y la libertad de empresa.

Un Límite a la Igualdad Lingüística

Desde la CCC afirman que el reglamento no promueve la normalización del castellano, sino que lo convierte en una lengua «residual». El presidente de la organización, Ángel Escolano, enfatiza que esta legislación transforma el derecho al uso del castellano en un favor que el ciudadano debe solicitar, despojándolo de su estatus de lengua oficial.

La CCC ya ha tomado medidas similares contra otros ayuntamientos, evidenciando un patrón en su lucha por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña.

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