Controversia en la Fiscal General: García Ortiz Retorna a Sus Funciones a Pesar de la Condena
La fiscal general de Estado, Teresa Peramato, ha decidido permitir que su predecesor, Álvaro García Ortiz, retome sus funciones como fiscal, desafiando la condena del Tribunal Supremo por revelación de secretos que, supuestamente, no afectaría su carrera profesional.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo impuso a García Ortiz una pena de inhabilitación especial, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por daños morales. A raíz de esta condena, la Inspección Fiscal evaluó si el fallo debía provocar un alejamiento inmediato de García Ortiz de su puesto en el Ministerio Público.
Reincorporación en la Sección de lo Social
La decisión de Peramato de reingresar a García Ortiz al servicio activo anula su situación de servicios especiales, que había sido consecuencia de su nombramiento como fiscal general en reemplazo de Dolores Delgado. La actual fiscal general sostiene que la inhabilitación debe limitarse a lo que estipula el Tribunal Supremo, sin que implique un despido directo de la carrera fiscal.
Normativa Fiscal y Condiciones de Inhabilitación
El Estatuto Orgánico de la carrera fiscal establece que cualquier miembro del Ministerio Público condenado por delito doloso debe ser expulsado de sus funciones. El artículo 44.2 menciona que quienes hayan sido condenados por delitos dolosos están incapacitados para ejercer funciones fiscales hasta obtener rehabilitación. Sin embargo, Peramato argumenta que su condena no cae dentro de las penas privativas de libertad, lo que, en su interpretación, le permite regresar.
Controversia sobre el Estatuto
Existen discrepancias en la interpretación de la normativa. Fuentes de la acusación citan el artículo 46 del Estatuto, que establece la pérdida de la condición de fiscal por causas como inhabilitación para cargos públicos, lo que implicaría que García Ortiz debería ser apartado de su puesto. Se informa que estas fuentes analizan las acciones legales posibles ante la decisión de Peramato.
Incidente de Nulidad en Proceso
El próximo martes, la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, presentará un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo. Este paso es necesario para poder solicitar amparo al Tribunal Constitucional. En documentos previos, la teniente fiscal del TS, María Ángeles Sánchez Conde, criticó a los magistrados por desdoblar los hechos acusatorios, considerando que la divulgación de información debía interpretarse como un acto delictivo debido a la filtración previa realizada por el acusado.
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