Triunfo Judicial: Policía Nacional Obtiene Indemnización por Vestimenta en Servicio
Un fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) establece un precedente importante en torno a las indemnizaciones por vestimenta para los agentes de la Policía Nacional.
La sentencia, emitida el 13 de noviembre de 2025, estima el recurso presentado por un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, quien reclamaba su derecho a recibir una indemnización por vestuario correspondiente a los años en que trabajó de paisano en la Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba.
Detalles del Fallo Judicial
El tribunal anula la respuesta de silencio administrativo sobre la solicitud presentada por el agente en octubre de 2021. Además, condena a la Dirección General de la Policía a abonar las cantidades legales correspondientes desde el 14 de octubre de 2017 hasta el 1 de abril de 2024, fecha en la que el funcionario se jubiló.
Justificación de la Solicitud
El recurrente argumenta que tenía derecho a la compensación económica diseñada para aquellos funcionarios destinados a usar uniforme, pero que, por exigencias del servicio, se veían obligados a trabajar de paisano. En su caso, se desempeñó en la Unidad de Delitos Violentos y Atracos, lo que le obligó a actuar sin el uniforme habitual.
Postura de la Abogacía del Estado
A pesar de la oposición de la Abogacía del Estado, que afirmaba que no se había probado que el agente trabajara sin uniforme por razones del servicio, el TSJA destaca la existencia de un documento firmando por el jefe de la Brigada, acreditando que el agente cumplió funciones de investigación desde 2017 hasta su jubilación sin portar uniforme.
Fundamentación Jurídica
El tribunal basa su decisión en doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que reconoce el derecho a indemnización para policías que, a pesar de estar en puestos obligatorios de uniforme, son eximidos de su uso por reglamentaciones específicas.
Consecuencias de la Sentencia
El TSJA, reconociendo el derecho del demandante a recibir la compensación solicitada, dispone que se le paguen los intereses legales correspondientes. Además, impone a la Administración las costas del proceso, limitándolas a un máximo de 300 euros.
Posibilidad de Recurso
Vale destacar que esta resolución no es definitiva: puede ser objeto de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que se cumplan los requisitos legales pertinentes.
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