Este concurso representa uno de los contratos más significativos para la sanidad regional, con un presupuesto superior a los 540 millones de euros y una duración de cinco años, abarcando tanto el transporte sanitario urgente como no urgente en las cinco provincias.

Un Camino Lleno de Obstáculos

El origen de este proceso se remonta a octubre de 2024, cuando el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) lanzó el primer concurso. Sin embargo, diversas empresas que presentaron ofertas se encontraron con una pausa abrupta debido a un recurso interpuesto por el sindicato UGT, que cuestionó el cálculo de los costos salariales especificados en los pliegos.

UGT argumentó que el presupuesto no reflejaba adecuadamente elementos salariales esenciales del convenio colectivo como las pagas extraordinarias, el plus por transporte y la antigüedad media de los empleados subrogables. En enero de 2025, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) dio la razón parcialmente al sindicato, lo que llevó a la anulación del concurso inicialmente convocado y al archivo del expediente correspondiente.

Un Nuevo Comienzo

Como resultado de esta decisión, en febrero de 2025, el Sescam procedió a iniciar un nuevo procedimiento que incluyó las correcciones solicitadas por el tribunal, así como una actualización del presupuesto base. No se trató de un concurso totalmente nuevo, sino de un mismo expediente con ajustes específicos, lo cual fue crucial para resolver las impugnaciones posteriores.

El nuevo proceso para presentar ofertas concluyó en marzo de 2025, con una participación activa de varias compañías del sector en los distintos lotes provinciales. A pesar de haber logrado la anulación del primer concurso, UGT volvió a presentar un recurso, argumentando que aún existían fallos en el desglose de costos laborales, así como una falta de respeto por las jornadas laborales estipuladas en el convenio.

Sin embargo, el TACRC desestimó esta solicitud, al considerar que UGT intentaba volver a plantear cuestiones ya resueltas y que podían haberse impugnado anteriormente. El tribunal dejó claro que los nuevos pliegos no constituían una licitación completamente nueva y que solo se podían recurrir las partes que habían sido modificadas.

Reclamos de Direxis Salud

La empresa Direxis Salud, que había participado en el primer concurso, también presentó un recurso contra los nuevos pliegos de 2025, argumentando que el precio del contrato no cubría los costos reales del servicio y que la falta de un desglose económico impedía presentar una oferta válida.

Sin embargo, el tribunal desestimó su recurso, alegando que Direxis no tenía legitimidad para impugnar los pliegos ya que no había presentado una oferta. Además, el TACRC subrayó que los pliegos seguían siendo prácticamente idénticos a los de 2024 y habían incluido mejoras económicas consecuencia del primer recurso de UGT.