Según un comunicado del Ayuntamiento, la Audiencia Provincial de Toledo ha desestimado el recurso interpuesto contra el archivo previo del Juzgado de Instrucción, concluyendo que las acciones del regidor no fueron arbitrarias ni injustas. Este fallo se formalizó en un auto fechado el 17 de diciembre de 2025.

Contexto de la Ocupación Ilegal

La situación se remonta a 2021, cuando un edificio en la calle 17 de Octubre, cercano al Ayuntamiento, fue ocupado de manera abrupta. A pesar de estar finalizada la obra, el inmueble carecía de licencia definitiva y se convirtió en el hogar de numerosas personas, lo que, según informes municipales, trajo consigo serios problemas de convivencia, inseguridad e insalubridad.

Intervención del Ayuntamiento y Resultados

Frente a este panorama, el Ayuntamiento tomó medidas drásticas, incluyendo el corte de suministro de agua y electricidad, y solicitó el respaldo de la Guardia Civil para garantizar la seguridad durante estas operaciones. Como resultado, los ocupantes abandonaron el edificio a principios del verano de 2021.

Posteriormente, el Consistorio procedió a tapiar todos los accesos, evitando así nuevas ocupaciones y restaurando la normalidad en la zona. Sin embargo, estos actos dieron lugar a una denuncia penal presentada por uno de los ocupantes, que generó la apertura de diligencias judiciales que incluyeron testimonios del personal municipal y del propio alcalde.

Respaldados por la Justicia

El Ayuntamiento ha destacado que tanto el Juzgado de Instrucción como la Audiencia Provincial coincidieron en que no hubo vulneración del procedimiento administrativo y que las medidas adoptadas fueron en beneficio del orden público y de la comunidad.

Resultados Positivos en la Seguridad Local

El alcalde Martínez ha subrayado que la ocupación ilegal en Magán es ahora casi inexistente, destacando la transformación positiva que ha experimentado el municipio en los últimos años. Este ambiente de seguridad permite al gobierno local concentrar sus esfuerzos en proyectos importantes, como las obras para mitigar inundaciones durante intensas lluvias.

A pesar de las dificultades y del proceso judicial que ha enfrentado durante cuatro años, Martínez afirma que actuaría de la misma manera si la situación se repitiera, convencido de que las decisiones tomadas fueron vitales para proteger a los vecinos y restaurar la convivencia en un barrio que había sufrido considerablemente.