La Oficina Antifraude Archiva el Caso del Proyecto ‘Senderos del Rocío’ y Genera Polémica en Andalucía
La decisión de la Oficina Andaluza Antifraude de archivar el expediente relacionado con el proyecto ‘Senderos del Rocío’, vinculado al cantante José Manuel Soto, ha desatado una intensa controversia política en la comunidad. El portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, ha destacado las irregularidades que llevaron a esta situación.
Contexto del Archivo del Expediente
El pasado miércoles, se conoció la resolución de la Oficina Antifraude de cerrar el caso que investigaba posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato menor a la empresa ‘Caminos de Andalucía, S.L.’. Este acuerdo tuvo como objetivo impulsar la promoción de la peregrinación a la aldea de El Rocío, situada en Almonte, y se basaba en el modelo del Camino de Santiago.
Implicaciones del Archivo
El archivo se realizó luego de que la Junta de Andalucía iniciara un proceso de revisión para determinar la posible nulidad del contrato, conforme a la Ley de Contratos del Sector Público. Esta revisión busca esclarecer la legalidad del expediente, que había suscitado dudas desde su inicio.
Las Críticas del PSOE-A
Mario Jiménez, diputado del PSOE-A, enfatizó que el expediente fue abierto tras detectarse vicios de nulidad en la subvención otorgada a José Manuel Soto. Según él, la justificación para la entrega de fondos se basó en sentimientos personales y no en documentos administrativos válidos.
Defensa de la Iniciativa
A pesar del archivo del caso, Jiménez argumentó que la denuncia inicial permitió descubrir un proyecto que carecía de fundamento y que, a su juicio, no contaba con el respaldo necesario. También criticó la falta de participación y opinión del Ayuntamiento de Almonte en la toma de decisiones sobre el uso de fondos públicos.
Reacciones de Otros Grupos Políticos
Por su parte, desde el grupo parlamentario Por Andalucía, se han expresado enérgicamente contra el archivo del expediente, acusando al Gobierno andaluz del PP-A de propagar una «burda mentira». José Manuel Gómez Jurado, de esta agrupación, sostuvo que la Oficina Antifraude había dictaminado previamente que el contrato debía ser anulado y exigido a Soto la devolución de los 15,000 euros inicialmente otorgados.
Posiciones Encontradas
Desde Adelante Andalucía, el portavoz José Ignacio García insistió en que el archivo del expediente no elimina la responsabilidad de la Junta en declarar nulo el contrato y exigir la devolución de fondos. La disparidad de posturas entre los grupos políticos refleja la complejidad de la situación y el deseo de accountability en el manejo de recursos públicos.
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