Este miércoles, se aprobó un anteproyecto de ley que introduce regulaciones para los créditos al consumo, abarcando microcréditos, tarjetas «revolving» y préstamos rápidos en plataformas digitales. Entre las medidas más destacadas, se establece un límite temporal del 22% en la tasa de interés que se puede cobrar.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó que la digitalización ha transformado el sector de los créditos al consumo, lo que ha llevado a la necesidad de intervención gubernamental para proteger a los consumidores, especialmente a los más vulnerables.

Buscando justicia financiera

El objetivo de esta normativa es reforzar la protección de los usuarios y asegurar un entorno de seguridad jurídica para las entidades financieras, estableciendo reglas claras y consistentes.

Detalles sobre el interés y su reglamentación

Entre las principales novedades se encuentra la limitación de los intereses. La tasa de interés, medida en TAE (tasa anual equivalente), se fijará a partir de la tasa media de crédito al consumo, con márgenes que variarán según el monto del crédito solicitado.

Para préstamos de hasta 1.500 euros, se aplicará un margen de 15 puntos porcentuales; para créditos entre 1.500 y 6.000 euros, el margen será de 10 puntos; y para importes mayores, un margen de 8 puntos si el reembolso es menor a 8 años. Por el momento, se establecerá un límite transitorio del 22% para las nuevas operaciones una vez que la ley entre en vigor.

Normas para créditos de alto costo

La ley también introduce un régimen de control para los créditos de alto costo, donde se exigirá un periodo mínimo de reembolso de al menos tres cuotas mensuales. La normativa limitará los costes a un interés mensual del 4% y una comisión máxima de 30 euros, lo que representa un cambio significativo en la forma en que operan estas entidades.

Cuerpo mencionó que un microcrédito de 300 euros y un plazo de devolución de 30 días podría costar actualmente unos 103 euros, pero con la nueva normativa, el reembolso deberá realizarse en un plazo mínimo de tres meses con un coste máximo de 40 euros, o 20 euros si se paga anticipadamente.

Supervisión más estricta del sector financiero

Otra medida clave es que solo las entidades registradas y supervisadas por el Banco de España podrán otorgar créditos al consumo. Esto busca asegurar que los prestamistas operen dentro de un marco regulador que proteja a los consumidores.

Además, se prevé la creación de nuevas figuras financieras, como los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado, que permitirán la entrada de operadores no regulados, ampliando así la competencia en el sector.