Tras 15 Meses, la Reforma de la 'Ley Mordaza' Sigue Estancada en el Bloque de Investidura

Tras 15 Meses, la Reforma de la ‘Ley Mordaza’ Sigue Estancada en el Bloque de Investidura

Reformas Urgentes: La Ley de Seguridad Ciudadana en el Ojo de la Tormenta

La presión aumenta sobre el Gobierno para que realice modificaciones a la polémica ley de seguridad que ha generado controversia desde su aprobación en 2015. La falta de consenso se torna un obstáculo crítico en el camino hacia una legislación más justa.

Un portavoz clave de uno de los grupos parlamentarios que apoyaron a Pedro Sánchez ha declarado: «No reformar la ley mordaza antes del término de la legislatura sería un fracaso rotundo».

Iniciativas a Favor de la Reforma

Esta propuesta surge del esfuerzo de diputados de la izquierda, incluyendo a Enrique Santiago de Sumar, quienes han estado trabajando arduamente para revivir un acuerdo que permita la revisión de la Ley de Seguridad Ciudadana, actualmente estancada en el Congreso.

Los legisladores argumentan que la modernización de esta ley es crucial para avanzar con propuestas progresistas que beneficien a la ciudadanía.

Histórica Mocion y Contexto Político

A pesar de los esfuerzos, el consenso aún brilla por su ausencia. Una moción que pedía la derogación de esta ley fue aprobada en noviembre de 2016, pero sigue sin ejecutarse.

Desde entonces, han transcurrido más de nueve años y tres legislaturas sin que dicha moción se haga efectiva, a pesar del respaldo que tuvo en su momento de partidos como PSOE, Podemos, Esquerra Republicana, y otros.

Expectativas para el Futuro

Los promotores de esta ley buscan darle sentido a lo que queda de legislatura, anticipando que si no se hace ahora, es poco probable que la próxima administración se atreva a abordar el tema.

En octubre de 2024, se formalizó un acuerdo entre el Gobierno y Bildu para reformar la ley, lo que generó esperanzas de que diferentes partidos respaldarían la iniciativa, asegurando su mayoría en el Congreso.

Propuestas de Reforma: ¿Qué Cambiaría?

La reforma incluye eliminar sanciones por faltas de respeto a la autoridad que no sean objetivas y prohíbe el uso de pelotas de goma por parte de las fuerzas de seguridad. También se busca garantizar derechos humanos en las devoluciones en frontera y modificar la Ley de Extranjería para priorizar las solicitudes de asilo.

El acuerdo, sin embargo, ha encontrado resistencia, especialmente por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha expresado su oposición a ciertos cambios.

Un Proceso Lento y Frustrante

La proposición firmada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV logró avanzar al Congreso en octubre de 2024, pero un mes después, la iniciativa fue estancada en la Comisión de Interior debido a prolongadas prórrogas sin consenso.

Caminos Llenos de Obstáculos

La última extensión para las enmiendas finalizó el 18 de diciembre, y aunque Sumar esperaba que fuese el último plazo para llegar a un acuerdo, los esfuerzos hasta ahora no han dado frutos.

Incluso tras varias reuniones entre los partidos firmantes, las diferencias permanecen, con grupos como Sumar insistiendo en la urgencia de un acuerdo antes de que la legislatura termine abruptamente.

Desafíos en la Alianza Progresista

La falta de arreglo ha sido atribuida en parte a la postura del ministro Grande-Marlaska, quien cuenta con el respaldo de las fuerzas de seguridad. Por otra parte, partidos como Junts y Podemos, que no respaldaron la proposición, desean mejoras más ambiciosas.

Por ejemplo, Podemos busca eliminar las entregas en caliente de migrantes en frontera, lo que añade una capa de complejidad a las negociaciones actuales.

Incluso PNV ha mostrado reticencias hacia el acuerdo entre PSOE y Bildu, complicando aún más el escenario.

Compromisos y Expectativas del Gobierno

El pacto de investidura entre PSOE y Sumar en 2023 se comprometió a «reformar y derogar aspectos de la normativa que limitan los derechos de reunión y libertad de expresión», lo que incluye la crítica ley de seguridad.

La promesa aboga por la garantía de derechos y protección ciudadana, el desarrollo de un sistema de sanciones más equitativo, y una regulación que fomente la libertad de información.

A pesar de las dificultades, el impulso por cambios significativos en la ley de seguridad permanece en el horizonte, impulsado por la necesidad de una legislación más vastamente aceptada y menos restrictiva.

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