La investigación judicial, a cargo del juez Santiago Pedraz, tomó un nuevo impulso con el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este documento sugiere que la estructura de la trama podría haber penetrado en los niveles más altos de los ministerios de Transportes, Industria y Transición Ecológica, utilizando a figuras influyentes como el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

Detalles de la investigación y declaraciones próximas

Tras recibir la información de la UCO, el juez Pedraz ha convocado a declarar a varias personas como investigados y testigos entre el 28 y el 30 de enero. Entre ellos se encuentra Rivas, quien se presentará ante el tribunal por primera vez desde su detención. El informe señala que comenzó a buscar una licencia de operadora de hidrocarburos en septiembre de 2020, aunque no obtuvo la aprobación hasta septiembre de 2022. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica refutaron cualquier conexión entre la concesión de la licencia y la supuesta influencia de Aldama o Ábalos, argumentando que la empresa de Rivas había tenido problemas previos por no cumplir con los requisitos exigidos.

El caso Villafuel y rumores de sobornos

Villafuel, la empresa cuyo objetivo es operar en el sector de hidrocarburos, fue inhabilitada a finales de octubre de 2024 por no cumplir con los requisitos necesarios. Además, se ha alertado a Hacienda sobre presuntos delitos fiscales que alcanzan los 182 millones de euros. Por su parte, los abogados de Rivas no han confirmado si este último ofrecerá información adicional en su testimonio, lo que podría complicar aún más la situación de Ábalos y García.

Vínculos sospechosos y transacciones cuestionables

Según el fiscal del caso, Luis Pastor, las investigaciones también apuntan a las empresarias Carmen Pano y Leonor González Pano, relacionadas directamente con la compra de un chalet en La Alcaidesa, que, se sospecha, fue parte de un esquema para comprar voluntades. El chalet, valorado en casi 600.000 euros, habría sido adquirido para beneficio de Ábalos. Esta operación y otras gestiones han llevado al fiscal a solicitar la comparecencia de exjefes de gabinete de las ministras Reyes Maroto y Teresa Ribera, quienes también están implicados en las gestiones relacionadas con la autorización de Villafuel.

Una red de corrupción en las altas esferas

El tribunal investiga si Koldo García, actuando con la aprobación de Ábalos, llevó a cabo gestiones para obtener beneficios económicos a cambio de sobornos. Estas acciones incluyen reuniones con altos funcionarios para asegurar la concesión de la licencia de operación. La dificultad de Rivas para obtener la licencia pronto quedó evidente, dado que tardó considerablemente más tiempo en comparación con sus competidores. La trama, según los investigadores, tendría raíces profundas en los ministerios, lo que podría poner en riesgo a varios funcionarios públicos.

A medida que se acerca la fecha de las audiencias, el caso continúa evolucionando, y cada nueva revelación podría cambiar el rumbo de la investigación y la vida de aquellos implicados.