El PACMA ha dirigido una alerta a la Fiscalía debido a la realización de peleas de gallos en varias islas del archipiélago, actividades que se organizan bajo la supuesta supervisión de la Federación Gallística Canaria, a pesar de ser prohibidas por ley desde 2007.

Documentación Reveladora

La denuncia se basa en un amplio compendio de pruebas jurídicas que evidencia la celebración de diversos campeonatos en islas como Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Según la formación política, estas actividades se llevan a cabo a pesar de su prohibición legal.

Eventos Incontables de Crueldad

Uno de los eventos destacados en la denuncia es el III Torneo Gallístico «La Tradición», realizado el 5 y 6 de abril de 2025 en el Complejo Deportivo Vicente López Socas en Las Palmas de Gran Canaria. Durante este torneo, se llevaron a cabo múltiples peleas durante más de seis horas, en las que los gallos fueron obligados a combatir hasta quedar gravemente heridos o incluso muertos.

Prácticas Inhumanas en el Torneo

La evidencia presentada indica que los gallos eran forzados a pelear y, en ocasiones, los animales caían desplomados solo para ser obligados a reintegrarse al combate. Se documentaron también actos de mutilación, como el despojo de plumas y la colocación de espuelas, sin ningún tipo de atención veterinaria o medidas de higiene adecuadas.

Una Actividad Fuera de la Ley

PACMA argumenta que estas prácticas no pueden justificarse como deportes, ya que no cumplen con la definición legal de actividad deportiva y la Federación Gallística Canaria carece de la autorización legal necesaria para organizar competiciones de este tipo.

Un Marco Legal en Contra de la Crueldad Animal

La Ley 32/2007, que prohíbe la utilización de animales en peleas, refuerza lo inaceptable de estas prácticas. La ley, en su artículo 14, establece esta prohibición sin excepciones, invalidando cualquier posible permiso previo establecido en normativas autonómicas.

Además, el reconocimiento de los animales como seres sintientes en el Estatuto de Autonomía de Canarias y el Código Civil evidencia la incompatibilidad de estos espectáculos con el marco jurídico vigente. Cada día, se hace más urgente poner fin a este tipo de actividades que atentan contra la vida y el bienestar animal.