Desde la aprobación de un decreto en agosto, destinado a facilitar la reubicación de menores no acompañados en Canarias, la realidad ha sido decepcionante. De los más de 1.500 menores que esperaban ser trasladados, apenas 85 han podido hacerlo, lo que representa menos del 10% de lo previsto.

La complicada realidad de los traslados

Seis meses después de que cada comunidad autónoma recibiría información sobre cuántos menores debían acoger, las plazas disponibles siguen siendo insuficientes. Este retraso no se debe solo a la falta de recursos, sino también a la burocracia que complica la asignación de espacios, responsabilidad de las delegaciones del Gobierno que dependen del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

La discrepancia en los datos oficiales

A pesar de que el ministro Ángel Víctor Torres anunció la reubicación de más de mil niños, la cifra se infló con datos irreales. Se incluyen en este número a solicitantes de asilo y a aquellos que fueron trasladados dentro de las propias islas, así como a jóvenes que han alcanzado la mayoría de edad mientras esperan su reubicación.

Números que reflejan una crisis

Desde que se aprobó el decreto, únicamente 171 menores han salido de las islas. A pesar de que los números continúan aumentando con nuevos arrivos, la situación sigue siendo alarmante. En los últimos cuatro meses, han llegado 370 nuevos menores al archipiélago, lo que incrementa aún más la presión sobre un sistema ya colapsado.

El camino del asilo y el impacto en los menores

La vía del asilo, dictada por el Tribunal Supremo ante la inacción del Gobierno, ha permitido el traslado de 410 menores al continente, casi la mitad de los solicitantes. Sin embargo, sumando los que solicitaron asilo posteriormente, el total alcanza solo 581, muy por debajo de lo que prometieron las autoridades.

Además, desde marzo, 260 menores cumplieron la mayoría de edad a la espera de que se les reconozca su derecho a continuar con sus proyectos migratorios, enfrentando una situación incierta en relación a su futuro. Otros 99 han rechazado ser trasladados temporalmente a centros en Gran Canaria, que consideran inapropiados, y se han quedado sin papeles en el archipiélago.