Junta evalúa acciones legales para forzar al Gobierno a enviar informe sobre el lobo a la UE

Junta evalúa acciones legales para forzar al Gobierno a enviar informe sobre el lobo a la UE

Tensión entre la Junta de Castilla y León y el Gobierno por la gestión del lobo

La Junta de Castilla y León está considerando emprender acciones legales para exigir que el Gobierno convoque una Conferencia Sectorial de Medio Ambiente destinada a aprobar un informe clave sobre la situación del lobo, que se estima positivo para la gestión de esta especie.

El consejero de Medio Ambiente, **Juan Carlos Suárez-Quiñones**, expresó su preocupación por la falta de acción del Ejecutivo central, que no ha enviado el informe requerido a la Unión Europea. Este documento es crucial para que Bruselas permita una gestión más flexible de la población de lobos en el norte de España, lo que podría ayudar a mitigar los ataques a la ganadería, que en el primer semestre de 2025 han causado la muerte de **2.628 animales**, un 73% de los cuales eran ganado bovino.

Demandas de la Junta ante la creciente problemática

El consejero Suárez-Quiñones, en declaraciones a Ical, subrayó que la inacción del Gobierno está agravando la situación para los ganaderos, quienes sufren una «presión psicológica intolerable». Aunque la Junta compensa las pérdidas, los ganaderos no buscan compensaciones monetarias, sino la protección efectiva de su ganado. Suárez-Quiñones criticó al Gobierno por sus «razones ideológicas» que impiden un control adecuado de la población de lobos.

Un contexto histórico y político complejo

El consejero destacó que la Junta ha logrado avances en Europa para modificar directivas que faciliten la gestión del lobo, pero aún falta un informe que evalúe su estado de conservación. Este informe debería haberse enviado cada seis años, y la última entrega realizada por el Gobierno en 2018 señalaba erróneamente que el lobo estaba en situación desfavorable, algo que ha sido refutado por las autonomías.

Aciertos y errores en la gestión de la especie

Suárez-Quiñones argumentó que el informe de 2018 no refleja la realidad sobre la población de lobos, y esa inconsistencia condena a un estado de conservación desfavorable formalmente. Mientras tanto, las medidas de control de la especie quedan prohibidas, lo que complica aún más el manejo de la fauna y el desarrollo del sector ganadero en la región.

Además, el consejero lamentó que el Gobierno no haya cumplido con su compromiso de destinar **20 millones de euros** a ayudar a las comunidades autónomas para compensar daños y establecer medidas preventivas, pues solo ha entregado este dinero una vez en los últimos cuatro años.

La incertidumbre sobre la gestión del lobo sigue siendo un tema candente, y la Junta de Castilla y León continúa presionando para que se tomen medidas concretas que protejan tanto a los ganaderos como a las especies en su hábitat natural.

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