El magistrado ha tomado esta decisión tras la petición formulada por la asociación Hazte Oír, tal como se detalla en una resolución emitida este miércoles, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

Zamarriego ha señalado que, dado que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, el informe policial correspondiente podrá ser enviado una vez que se levante dicha confidencialidad, algo que aún no ha ocurrido.

Este informe policial fue crucial para que, además de Leire Díez, fueran detenidos Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi), y el constructor Antxon Alonso.

Los tres individuos permanecieron 72 horas bajo custodia hasta ser interrogados por el juez Antonio Piña, quien abrió el caso y luego lo remitió al magistrado Santiago Pedraz, quien proseguirá con la instrucción.

Así, será Pedraz el encargado de enviar a Zamarriego el informe solicitado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados por el presunto amaño de al menos cinco contratos públicos, cuyo valor total supera los 130 millones de euros. Este grupo habría obtenido comisiones ilegales superiores a 700.000 euros.

Uno de los casos señalados en el informe es el del rescate de la empresa Tubos Reunidos, que recibió 112 millones de euros de la Sepi.

Investigaciones adicionales sobre Leire Díez

Zamarriego también está indagando sobre los contactos de Leire Díez con un fiscal y varios empresarios involucrados, buscando obtener información que pudiera interferir en las investigaciones de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

Se alega que la intención de Díez era poner en entredicho sus pesquisas. En mayo, se reunió con el fiscal Ignacio Stampa, presentándose como representante del PSOE y como «mano derecha» de Santos Cerdán, quien actualmente está bajo investigación por corrupción.

Stampa grabó el encuentro, que duró más de tres horas, y presentó el audio al juez Zamarriego. A la reunión también asistió Javier Pérez Dolset, otro de los implicados en el caso.

Durante estas reuniones, la «fontanera» del PSOE presumía de su influencia en el Gobierno, prometiendo beneficios procesales o laborales a cambio de la información que requería.