El Tribunal Supremo ha hecho un llamado al Gobierno para que se haga cargo de los menores migrantes no acompañados que están en la Comunidad de Madrid. Esta decisión se origina a partir de una solicitud del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y establece un plazo de 30 días para que el Ejecutivo central facilite el acceso y la permanencia de estos menores en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.

Un Contexto Complejo de Acogida

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dictado una medida cautelar que recuerda la importancia de la colaboración entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Esta situación se asemeja a la problemática que surgió hace unos meses en Canarias, donde el número de menores hacinados generó una disputa entre las autoridades regionales y nacionales.

El Conflicto entre Gobiernos

La intervención del Tribunal hace eco de un conflicto anterior, cuando el Gobierno de Sánchez se negó a asumir la responsabilidad de los menores en situación similar en Canarias, lo que llevó a la Comunidad a recurrir al Supremo. En este caso, el tribunal ha respaldado la posición de Madrid, subrayando que la protección de estos menores es una prioridad imperativa.

Condiciones Distintas pero Similares

A pesar de la decisión del Tribunal, los magistrados han señalado que la situación en Madrid es distinta a la de Canarias, donde más de mil menores enfrentaban condiciones de hacinamiento. Actualmente, en Madrid, el número de menores oscila entre 38 y 50, según diferentes administraciones. Sin embargo, los jueces argumentan que la esencia del problema es esencialmente la misma: se trata de menores que buscan asilo y que aún no están siendo integrados en el sistema nacional.

Protección y Derechos Garantizados

El Tribunal resalta que la cantidad de menores no debería ser un impedimento para implementar medidas de protección. La urgencia radica en garantizar los derechos de estos niños, tal como establece la legislación nacional y europea. La protección de su bienestar debe ser la prioridad de la administración estatal.