La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha sentenciado a la funcionaria por actuar en un procedimiento administrativo que afectó el funcionamiento del mercadillo municipal. Su decisión de revocar la licencia de venta ambulante de un denunciante dejó en evidencia su falta de competencia y la omisión del debido proceso establecido por la ley.

La Decisión Arbitraria y sus Consecuencias

El tribunal determinó que la actuación de la alcaldesa no puede ser vista como un error administrativo, sino más bien como una resolución claramente injusta. A través de un análisis riguroso, se concluyó que su decisión perjudicó a terceros y se adoptó sin considerar los informes técnicos y jurídicos pertinentes.

Un Caso de Abuso de Poder

La sentencia se apoyó en el artículo 404 del Código Penal, que sanciona a cualquier autoridad pública que emita resoluciones arbitrarias en plena conciencia de su injusticia. En este marco, la Sala subrayó que la alcaldesa era plenamente consciente de las normas aplicables, actuando de manera ilegal y excluyendo cualquier intento de justificar su conducta sobre la base de la buena fe.

Defensa No Convincente

Los argumentos presentados por la defensa, que intentaron calificar las acciones de la alcaldesa como meras irregularidades administrativas, fueron desestimados por el tribunal. La Audiencia dejó claro que la conducta excedía el ámbito administrativo y merecía un juicio penal.

Repercusiones Financieras

En el fallo, además de la inhabilitación, la alcaldesa deberá asumir las costas legales del caso y compensar económicamente al denunciante, quien recibirá 3.487,60 euros por la pérdida de sus ventas en cinco sábados, así como mil euros adicionales por el daño a su reputación profesional.

Otras Decisiones del Tribunal

Por otro lado, la justicia absolvió a los siete concejales que formaban parte de su equipo durante el año en que ocurrieron los hechos. La resolución aún no es definitiva y puede ser apelada ante el Tribunal Superior de Justicia de la región.