La empresa pública Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (Mercasa) ha contratado a Servinabar 2000 S.L., una firma relacionada con Santos Cerdán y Leire Díez, para realizar un informe técnico sobre obras de rehabilitación en su sede. El contrato, valorado en 18,119 euros, ha suscitado interrogantes respecto a la gestión interna y los criterios de selección utilizados.

Controversias y Acusaciones

Mercasa, que opera con participación estatal, se encuentra en el centro de investigaciones por supuestos amaños en contrataciones públicas. Las pesquisas apuntan a un entramado que involucra a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, quienes están imputados por corrupción. Estas relaciones han suscitado preocupación sobre la transparencia en las adquisiciones del sector público.

El Contexto de la Contratación

La contratación de Servinabar se realizó el 11 de noviembre de 2021, en un periodo crítico para la empresa estatal, mientras Díez ocupaba un cargo relevante en la comunicación de otra entidad pública. Este hecho despierta sospechas sobre la posible manipulación en la selección del contratista.

Investigaciones en Curso

El magistrado a cargo del caso ha señalado que esta vinculación entre Mercasa y Servinabar fue facilitada por un grupo de directivos que, de manera engañosa, justificaron el contrato, lo que habría permitido inflar costos y beneficiar a los involucrados. El escándalo se amplía con la existencia de un grupo de WhatsApp donde los implicados discutían sus actividades ilegales.

Conexiones en el Gobierno

Vicente Fernández, ex presidente de la Sepi, es reconocido como un hombre cercano a la vicepresidenta María Jesús Montero. A pesar de su salida forzada de la Sepi por un caso de corrupción previo, se alega que continuó influyendo en Mercasa desde su nueva posición en Servinabar. Los investigadores han detectado patrones de comportamiento que sugieren la prolongación de actividades ilícitas dentro de la administración pública.

Operaciones Sospechosas y Medidas de Seguridades

Los documentos oficiales muestran que el contrato con Servinabar obedeció a «instrucciones internas». Los fondos, que abarcan un informe técnico, suman 14,975 euros más impuestos. Sin embargo, el contexto en el que se gestaron estas contrataciones ha llevado a los investigadores a considerar que operaban bajo medidas para garantizar la confidencialidad de sus actos.

La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil continúa desentrañando un entramado de corrupción que ha puesto en jaque la confianza en la gestión pública, mientras se define el papel de estos funcionarios en la trama.