Álvaro García Ortiz solicita al TC revocar su condena por filtración de datos confidenciales

Álvaro García Ortiz solicita al TC revocar su condena por filtración de datos confidenciales

La defensa del ex fiscal general García Ortiz apela al Tribunal Constitucional

La Abogacía del Estado busca revertir la condena del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, quien enfrenta una inhabilitación por la filtración de datos confidenciales.

El Tribunal Constitucional se convierte en el escenario donde la Abogacía del Estado, en representación de Álvaro García Ortiz, impugna su condena por la revelación de información reservada. Este proceso surge tras la sentencia del Tribunal Supremo, que le impuso dos años de inhabilitación por haber compartido con la prensa información sensible sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Argumentos de la defensa

El abogado jefe alega que el secreto profesional de los periodistas no solo protege a estos, sino que también sostiene el derecho a la información. La defensa critica que el tribunal no considerara las declaraciones de varios periodistas que aseguraron no haber recibido la información de García Ortiz.

Derecho al secreto de las fuentes

“Los periodistas delimitan su derecho al secreto de las fuentes y establecen hasta dónde abarcan. En este contexto, afirmaron que no era parte de su derecho revelar quién no era la fuente. Esto convierte su testimonio en un deber de verdad legal”, sostiene el abogado del Estado.

Presunción de inocencia en juego

La defensa argumenta que se ha violentado la presunción de inocencia de García Ortiz al utilizar como prueba en su contra el borrado de información de su teléfono tras enterarse de la investigación. “Dicho borrado debería ser visto como un silencio, especialmente cuando no hay pruebas de que la filtración provenga de los datos eliminados”, añade.

Carga de la prueba

“Sostener que el acusado debe conservar el contenido de su teléfono sin una obligación legal respetuosa de la presunción de inocencia es desvirtuar la carga de la prueba”, enfatiza el letrado.

Interpretación y hechos conocidos

La Abogacía del Estado pide también al Tribunal Constitucional que revise la interpretación del acto delictivo por parte del Supremo, que se basa en la divulgación de datos ya publicados y, por ende, de carácter público. “La sentencia supone una interpretación inesperada que afecta a la seguridad jurídica y va en contra del principio de tipicidad”, resaltan los defensores.

Desproporcionalidad en las medidas cautelares

Como argumento adicional, al igual que la Fiscalía, se cuestiona la proporcionalidad de la entrada y registro en la oficina de García Ortiz y la decisión del juez de copiar todos los contenidos de su teléfono y correos electrónicos.

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