El informe solicitado incluía datos sobre los costos que asumió el ministerio en relación a la conocida Flotilla de la Libertad, que se llevó a cabo en junio de 2025, pero la respuesta fue negativa. Según el gobierno, la consulta requería un análisis detallado que no se podía proporcionar en el estado actual.

Tres días después de la petición, la directora general de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, Carolina de Manueles Álvarez, declaró que la solicitud no era procedente. Argumentó que la información solicitada requería una «acción previa de reelaboración», ya que involucraba varias administraciones y fuentes de datos.

Con esta decisión del Gobierno, se ha cerrado la vía administrativa, obligando a los interesados a recurrir a instancias judiciales para obtener claridad sobre estos gastos. Esta situación ha dejado a muchos preguntándose sobre la efectividad de la rendición de cuentas en temas sensibles.

Previo a la solicitud de ABC, diputados del Partido Popular y Vox también intentaron conocer los costos incurridos por el Estado en relación con la flotilla. Se mencionó que el Gobierno había pagado billetes de regreso de dos exmiembros de ETA que participaron en la acción, pero las respuestas fueron igualmente vagas.

Fuentes del Ministerio de Defensa han indicado que se movilizaron buques y recursos aéreos para escoltar la flotilla, pero tampoco se ha podido calcular el costo de estas operaciones. La Global Sumud Flotilla, cuya misión era llevar ayuda humanitaria a Gaza, fue interceptada por el ejército israelí, lo que llevó a situaciones de tensión y acusaciones mutuas entre gobiernos.

Desde el inicio de la flota, el gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a brindar protección y asistencia a los activistas. Tras la intervención, se activaron consulados en diversas ciudades para gestionar la situación de los españoles involucrados y facilitar su repatriación.

La falta de información clara sobre los gastos relacionados con esta operación ha suscitado debates sobre la transparencia en la gestión pública y la responsabilidad del Gobierno en situaciones excepcionales como esta.