El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, asume el caso que involucra a Leire Díez, exmilitante socialista, Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y el empresario Antxon Alonso. La causa fue remitida a su competencia tras una rápida intervención por parte de Antonio Piña, quien gestionó inicialmente las detenciones y registros la semana pasada.

Declaraciones y Libertad Condicionada

Este sábado, el juez Piña tomó declaración a los tres implicados, quienes fueron liberados bajo medidas cautelares. Estas incluyen la retención de pasaporte, restricciones de salida del país y obligaciones de comparecer cada quince días.

Operativos Bajo la Lupa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga cinco operaciones que suman un total de 132,9 millones de euros, supuestamente manipuladas por los investigados, quienes lograron obtener comisiones y contraprestaciones que ascienden a 750.614 euros por labores de intermediación.

El Papel de Vicente Fernández

Según documentos judiciales, la influencia de Vicente Fernández, director de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019, fue crucial. Se sospecha que pudo haber manipulado expedientes públicos en favor propio o de terceros, aprovechando su posición como designado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Las presuntas irregularidades datan de entre 2021 y 2023.

La Trama de «Hirurok»

Los implicados, que se autodenominaron «Hirurok» —traducido del euskera como “nosotros tres”—, actuaron coordinadamente para obtener beneficios económicos a través de cobros de comisiones. Los documentos revelan que este sistema estaba diseñado para maximizar las ganancias.

Operaciones Específicas Bajo Investigación

Entre las operaciones en cuestión se destaca el rescate de la SEPI a la empresa Tubos Rúbidos S.A., que recibió 112,8 millones de euros, de donde la trama habría obtenido una comisión no legítima de 114.950 euros a través de la mercantil Mediaciones Martínez. También está bajo escrutinio un contrato público adjudicado por Mercasa a Servinabar, por un informe técnico que la UCO considera ficticio.

Asimismo, se investiga un contrato de 2,8 millones de euros con la UTE basada en el Principado de Asturias, donde los investigados habrían cobrado 400.000 euros, así como la contratación por parte de Enusa de abogados sevillanos, que dejó a Mediaciones Martínez con 17.545 euros. Finalmente, se analiza una subvención de 17,32 millones de euros de Sepides a Arapellet, donde se sospecha que el grupo realizó gestiones ante funcionarios a cambio de 200.000 euros.