La Fiscalía Anticorrupción impugna el archivo sobre el empresario Betancourt en España
La controversia judicial en torno al empresario venezolano Alejandro Betancourt, dueño de la conocida marca de gafas Hawkers, cobra nueva relevancia con la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, que considera insuficiente el cierre de la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción ha puesto en entredicho el archivo que el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, dictó el pasado 25 de marzo respecto a la investigación que involucra a Betancourt. Según el ministerio público, hay pruebas que sugieren que él y otros cinco individuos podrían haber ingresado a Europa fondos derivados de un fraude millonario relacionado con un préstamo de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
El origen de la investigación
El proceso se inició en 2025 tras una denuncia de la Fiscalía hacia seis ciudadanos venezolanos, incluido Betancourt, por presunta blanqueo de capitales. Todo comenzó con informes de Suiza que revelaron una red de compra de acciones y adquisición de propiedades de lujo, orientada a canalizar dinero proveniente de PDVSA, en el que se habrían pagado sobornos a funcionarios venezolanos.
Decisión polémica del juez
Pese a las evidencias, el juez Pedraz cerró el caso, argumentando que los delitos debían ser investigados en Venezuela, ya que allí se había determinado que el préstamo en cuestión cumplía con la legalidad local. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esta decisión fue prematura, dado que la investigación no abordó la corrupción entre los empresarios y los funcionarios públicos implicados.
Solicitudes de testificación sin respuesta
El fiscal señala que la falta de audiencias con testigos clave es un obstáculo. Desde el 9 de octubre, se espera la declaración de cinco empresarios vinculados al caso, cuya información podría ser crucial para demostrar la corrupción en Venezuela. Algunos de estos testigos ya han enfrentado condenas en Estados Unidos.
Indicios renovados de corrupción
Adicionalmente, un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) apunta a la existencia de nuevos elementos que podrían re abrir el caso y conduzca a un análisis más profundo por parte de la justicia española.
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