El Tribunal Supremo ha establecido que los bancos no serán responsables cuando una transferencia presente un IBAN incorrecto debido a errores del cliente. En una decisión unánime, la sala de lo civil ratificó el recurso presentado por Caixa Popular, desestimando un fallo previo de la Audiencia Provincial de Valencia que daba la razón al consumidor.

Contexto del Caso

En el litigio, el cliente reclamaba más de 15.800 euros por una transferencia que se ejecutó con datos erróneos, aunque identificaba correctamente al beneficiario. La controversia se centró en si el banco debía asumir responsabilidad por la ejecución incorrecta de la orden de pago.

La Decisión del Supremo

El Tribunal, al evaluar el caso, consideró que no se vulneraron las normativas de servicios de pago, recalcando que los proveedores de servicios están sujetos a la ejecución de las órdenes de pago solo de acuerdo a identificadores únicos, como el IBAN. Este criterio sienta un precedente en materia de responsabilidad bancaria.

Nueva Normativa que Cambia las Reglas del Juego

A pesar de esta decisión, desde el 9 de octubre está vigente una nueva normativa que exige a los bancos verificar que el nombre del beneficiario coincida con el IBAN antes de proceder con transferencias instantáneas en euros. Este reglamento europeo, efectivo desde 2024, tiene como objetivo aumentar la seguridad en las transacciones.

La Importancia de Verificar

La nueva norma estipula que el proveedor de servicios de pago debe asegurar la coincidencia del nombre del beneficiario y el IBAN antes de ejecutar la transferencia. Esto es un paso crucial para proteger tanto a los consumidores como a las entidades financieras.

Impacto del Fraude Electrónico

El bufete de abogados Navas & Cusí estima que el impacto del phishing podría ascender a unos 170 millones de euros para las entidades españolas en 2025, lo que subraya la necesidad de medidas más estrictas para contrarrestar el fraude electrónico.

Según Juan Ignacio Navas, socio director de Navas & Cusí, la normativa anterior obligaba a los bancos a colaborar en la resolución de fraudes, pero no a verificar la autenticidad del IBAN. Este vacío legal es precisamente lo que busca cerrar la normativa que entró en vigor en octubre, lo que podría cambiar radicalmente la dinámica en el sector bancario.