El SCRATS Celebra 47 Años de el Acueducto Tajo-Segura y Reafirma su Importancia
En su 47 aniversario, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) reivindica la vitalidad de esta infraestructura en la garantía del abastecimiento de agua, destacando su rol crucial durante la pandemia.
Un Aniversario en Tiempos de Tensión Política
Este hito se da en medio de un intenso debate entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, sostiene que si el Partido Popular gobernara, el trasvase se habría potenciado aún más.
Controversias y Demandas de Cambios
La misma semana en que se anunció un contencioso contra el Ministerio correspondiente, los regantes buscan un ajuste en las reglas de explotación del agua, solicitando cambios ante los recortes en las transferencias hídricas que han afectado sus necesidades. Desde el SCRATS se rechaza la hoja de ruta del Gobierno central, que consideran un «recorte político» en la planificación hidrológica.
Una Lucha por el Futuro del Agua
El presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, aseveró que los agricultores permanecen unidos en su lucha, sentenciando que el agua es esencial no solo para la agricultura, sino también para el bienestar de los hogares, industrias y comercios de la región. «Lucharemos por otros 47 años de vida para el trasvase Tajo-Segura», afirmó.
Un Patrimonio de Ingeniería y Solidaridad
Tras casi cinco décadas, Jiménez califica esta infraestructura como «una magna obra de la solidaridad y de la ingeniería española». En su opinión, el trasvase ha actuado como un motor de desarrollo social y económico en el Levante español y ha contribuido positivamente al medio ambiente.
La Posición de Castilla-La Mancha
Por su parte, Padilla subrayó la postura opuesta del Gobierno regional frente a los envíos de agua al sureste peninsular, argumentando que un liderazgo del PP podría haber hecho más trasvases a lo largo de los años. Criticó el memorándum vigente, que fue acordado entre cinco comunidades y que presenta condiciones más drásticas que las anteriores, las cuales no impedirían el acceso al agua para el campo en provincias como Alicante, Murcia y Almería.
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