Villanueva de Sijena Reacciona: Defiende la Legalidad en el Conflicto Judicial por los Murales
El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en respuesta a la querella interpuesta por cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat catalana, que busca descalificar a la jueza encargada de ejecutar la sentencia sobre el regreso de las pinturas murales.
La acción legal ha sido catalogada por el Gobierno de Aragón como «intimidatoria» y «inaceptable», describiéndola como una maniobra desesperada ante una resolución ya firmada. En este contexto, el letrado del consistorio, Jorge Español, ha solicitado la intervención de la Fiscalía por presuntas injurias, reiterando el derecho legitimo del municipio a hacer cumplir la sentencia.
La posición del Ayuntamiento ante la querella
Español se ha manifestado enérgicamente, indicando que la querella presentada por los exconsellers no busca más que desviar la atención de la magistrada, quien simplemente actúa en cumplimiento de su deber. «Acusar de prevaricación a una jueza que se limita a ejecutar una sentencia es un ataque directo a los principios del Estado de Derecho», afirmó.
Argumentos legales y responsabilidades
Desde el Ayuntamiento, se argumenta que la acción de los exconsellers puede interpretarse como un intento de «hacer el trabajo sucio» para el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Según Español, sería impensable que el Ministerio de Cultura permitiera una querella de este tipo si estuviese involucrado en el proceso.
El letrado también criticó la negativa del MNAC a participar en la formación de una comisión de peritos, lo que según él, refuerza la diligencia de la jueza en el cumplimiento de la sentencia. «Cualquier posible daño en el traslado de las pinturas sería subsanado por restauradores», agregó.
Los exconsellers y su postura
La querella fue firmada por los exconsellers Lluís Puig, Laura Borrás, Ferrán Mascarell, Joan Manuel Tresserras y Àngels Ponsa. En el documento se advierte que forzar el traslado de las pinturas podría constituir un delito según el Código Penal, considerando el riesgo de destrucción del patrimonio artístico.
Así, el conflicto se intensifica en medio de una lucha legal y política que podría afectar el futuro de uno de los patrimonios culturales más valiosos de España.
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