Las irregularidades se centran en casos de intensivistas, cirujanos y anestesistas que, según alegan ciertos médicos del HUBU, sobrepasan las horas permitidas en actividades privadas o no han tramitado adecuadamente la solicitud de compatibilidad. Un grupo de médicos ha señalado al Grupo Recoletas como beneficiario de esta situación, mencionando que en sus instalaciones se han observado prácticas inusuales como cirugías realizadas por médicos todavía en formación o por aquellos que se encuentran de baja.

Un sistema en crisis: Las denuncias de los profesionales

Desde 2021, los médicos han alertado sobre lo que consideraron «corrupción público-privada», remitiendo sus denuncias a diversas instancias, incluyendo el Colegio Oficial de Médicos de Burgos y la Inspección de Trabajo. A pesar de contar con documentación que respalda sus afirmaciones, la respuesta institucional ha sido limitada.

Uno de los denunciantes planea llevar el caso a la Fiscalía, argumentando que existe un incumplimiento masivo de la ley de incompatibilidades. Este médico, que trabaja en uno de los centros privados implicados, ha sido testigo de cirujanos que sobrepasan las horas permitidas, muchas veces actuando de forma ilegal.

El impacto en los pacientes y la ética profesional

La inquietud entre los médicos se basa en que estas prácticas no solo perjudican a los pacientes, sino también a los profesionales que cumplen con la normativa y que ven amenazada su remuneración por la competencia desleal. «Todos pagamos, tanto por la atención pública como la privada», sostiene uno de los denunciantes, destacando que en una ciudad pequeña como Burgos, estas situaciones son más evidentes.

La creciente influencia del Grupo Recoletas

Recoletas tiene contratos en Burgos para diversas especialidades como cirugía y traumatología, recibiendo anualmente decenas de millones de euros por parte de la administración pública para colaborar con el Sacyl. En 2024, la gerencia sanitaria asignó a Recoletas un contrato de 945.400 euros solo para procedimientos quirúrgicos externos.

Demandas de transparencia en el sistema de salud

Ana Rosa Arribas, secretaria general de Sanidad de Comisiones Obreras, denuncia casos evidentes donde médicos realizan intervenciones privadas mientras están de guardia en la pública. Esta crítica es respaldada por la evidencia de partes de intervención firmados por los propios médicos implicados. Además, el crecimiento exponencial de Recoletas, que pasó de dos hospitales en la región a 25 en solo 12 años, es visto como un claro indicativo de cómo el modelo público-privado se ha desvirtuado.

Por su parte, Rosa López, de UGT, apela a la necesidad de que todas las acciones profesionales sigan la ley para preservar la calidad y equidad en el sistema de salud pública. Los denunciantes lamentan la falta de respuesta a sus reclamos, señalando un ambiente de impunidad y desinterés por parte de las autoridades del sector.