Nuevo Avance en el Caso de Leire Díez: El Juez Ordena el Cribado de Pruebas
La situación judicial de la exmilitante del PSOE, Leire Díez, avanza con nuevos giros. El juez Santiago Pedraz ha dado instrucciones a la Guardia Civil para realizar un expurgo de los materiales incautados en relación a la investigación sobre presuntos amaños de contratos que involucran al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero.
En un reciente fallo, el magistrado solicita que se separe la documentación relevante de la personal, asegurando así la confidencialidad y el respeto a la privacidad de la acusada y su familia. Esta decisión responde a una demanda presentada por la defensa de Díez, que busca proteger la información ajena a los hechos investigados.
La Solicitud de Defensa y el Procedimiento Judicial
La abogada de Leire, Eva Bejarano, argumentó la necesidad de que se expurgue toda la documentación que no se relacione directamente con el periodo que abarca entre 2021 y 2023. Además, exigió que se excluyan datos de carácter personal y profesional que no guarden relación con el caso en curso.
Incautación de Dispositivos Electrónicos
Durante el registro realizado en diciembre en la vivienda de Díez, fueron confiscados varios dispositivos, incluyendo teléfonos y computadoras. La exmilitante cooperó, proporcionando contraseñas y accesos a sus cuentas para facilitar la investigación.
La Respuesta del Juez y Nuevas Peticiones
Aceptando la solicitud de la defensa, Pedraz ha decidido abrir una pieza «separada y reservada» para el expurgo. Sin embargo, no respondió a otras demandas de la defensa, como la devolución de los dispositivos incautados y el desbloqueo de cuentas bancarias que, según se afirma, pertenecen a terceros ajenos al caso.
Impacto Financiero en la Familia
La defensa ha resaltado el impacto negativo que el bloqueo de estas cuentas está teniendo en la estabilidad financiera de la familia de Díez. Solicitaron que se desbloquearan ciertos fondos para cubrir gastos básicos, así como la autorización para utilizar 2.500 euros mensuales para subsistir.
Contexto de la Investigación
Este caso se enmarca en una investigación de delitos graves, que incluyen prevaricación y malversación, asociados a operaciones por un total de 132,9 millones de euros. La Guardia Civil examina varios casos en los que se sospecha que los implicados habrían recibido comisiones ilegales por su gestión.
El procedimiento sigue bajo secreto de sumario y, aunque comenzó bajo la supervisión del juez Antonio Piña, ahora está en manos de Pedraz, quien se encarga de avanzar con esta delicada investigación.
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