El Tribunal Supremo de España Confirma la Devolución del Pazo de Meirás al Estado
El Tribunal Supremo ha dictado una resolución histórica, estableciendo que la familia Franco debe restituir el pazo de Meirás al Estado. Esta decisión, que reafirma un fallo previo, cierra un capítulo importante en la disputa legal sobre la propiedad de esta emblemática finca.
En una sentencia emitida recientemente, la sala de lo Civil del Tribunal Supremo ratificó la nulidad de los títulos de donación y compraventa que favorecieron a Francisco Franco, destacando que la finca es, en efecto, propiedad estatal. La resolución confirma un fallo previamente dictado por la Audiencia de A Coruña en febrero de 2021.
La familia Franco, a través de los herederos de Francisco Franco, así como las diferentes administraciones involucradas, habían apelado a este alto tribunal. Sin embargo, el Supremo desestimó sus alegaciones y refrendó que los Franco no poseen derechos sobre el pazo además de que se les reconoce el derecho a indemnización por los costos de mantenimiento que han asumido en la propiedad.
La Nulidad de la Donación y la Venta
La sentencia también aborda la invalidación de la donación del pazo a Franco en 1938, argumentando que carecía de requisitos legales necesarios. La falta de escritura pública posibilitó que se considerara que dicha donación era “inexistente jurídicamente”.
Asimismo, el contrato de compraventa del 24 de mayo de 1941 se declaró nulo por ser considerado “una simulación absoluta”. La judicatura concluyó que, en realidad, no se llevó a cabo ninguna transacción efectiva, y que la escritura carecía de autenticidad, evidenciada por el hecho de que el precio estipulado de 85.000 pesetas nunca fue abonado.
La Historia del Pazo de Meirás
Originalmente construida por la escritora Emilia Pardo Bazán, el pazo de Meirás se transformó en la residencia veraniega del dictador tras la Guerra Civil. Al fallecer Franco en 1975, la propiedad pasó a su hija, Carmen Franco Polo, y más tarde a sus nietos, los Martínez-Bordiú. Sin embargo, el Estado comenzó un proceso judicial para reclamarla, que ha tomado años en resolver y que ahora culmina con esta decisión del Tribunal Supremo.
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