Supremo permite a Ineco y Tragsatec sumarse como perjudicadas en el caso Jésica Rodríguez

Supremo permite a Ineco y Tragsatec sumarse como perjudicadas en el caso Jésica Rodríguez

La Justicia llama a declarar a Ineco y Tragsatec por el caso Ábalos

El Tribunal Supremo ha solicitado a las empresas Ineco y Tragsatec, donde trabajó Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que se presenten como perjudicadas en un juicio por mala gestión, que se llevará a cabo en abril.

La Sala de lo Penal también ha invitado a la Fiscalía y a las partes implicadas a manifestarse sobre una solicitud de libertad presentada por Ábalos y su exasesor, Koldo García, quienes están en prisión preventiva desde el 27 de noviembre por riesgo de fuga antes de la audiencia.

Defensa de Ábalos y su solicitud de declaración

En un escrito de su defensa, Ábalos ha rechazado la petición de que García declare al final del juicio. Su abogado argumenta que debe ser el último en hablar, dado que el tribunal ha establecido que su declaración se producirá el 28 de abril como acusado, después de las de otros involucrados.

La defensa subraya que el derecho de defensa se vería comprometido si Ábalos no pudiera conocer antes las declaraciones de los demás acusados y la evidencia presentada, lo que alteraría el desarrollo justo del juicio, el cual involucra un relato complejo con múltiples testimonios y pruebas.

Koldo García se niega a asistir al Parlamento

Por otro lado, el abogado de Koldo García ha comunicado que no asistirá a la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra debido a la desaconsejación médica sobre su estado de salud, que impide cualquier traslado por cuestiones de riesgo sanitario.

La representación legal ha solicitado que, en caso de futuras comparecencias, se realicen por videoconferencia para evitar perjudicar la salud de García y su capacidad de defensa en el caso de Mascarillas, que se está juzgando en el Tribunal Supremo.

Argumentos en defensa de un juicio justo

La defensa de García considera desproporcionado movilizar recursos públicos para un acto que no resultará en declaración. Al mismo tiempo, argumentan que la salud y el derecho a una defensa adecuada de su cliente deben ser priorizados, evitando un traslado que podría interferir en sus preparativos para el juicio.

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