La Fiscalía exige medidas contra agricultores que dañan el acuífero de Doñana
El Ministerio de Transición Ecológica enfrenta una demanda de la Fiscalía por no actuar ante el grave daño medioambiental que provocan 250 agricultores en el entorno de Doñana.
La Audiencia Nacional ha tomado cartas en el asunto y ha instado a que se tomen medidas efectivas para revertir el daño causado por extracciones ilegales de agua en un área conocida por su biodiversidad y ecosistemas únicos.
La investigación que llevó a la demanda
Una investigación realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) entre 2022 y 2023 reveló que la mayoría de los 250 agricultores responsables de estas extracciones ilegales se localizan en la provincia de Huelva, con otros casos en Sevilla y Cádiz. La situación se tornó crítica tras una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2021, donde se sancionó a España por no proteger adecuadamente el parque nacional de Doñana.
Precedentes legales y la posición del Ministerio
En mayo de 2023, la Fiscalía de la Audiencia Nacional inició diligencias para investigar la responsabilidad medioambiental de estos agricultores. Sin embargo, en octubre, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente rechazó las acciones propuestas, argumentando que no tenía competencia sobre el asunto debido a la interconexión de los ecosistemas afectados, indicando que la gestión corresponde a la Junta de Andalucía.
Las demandas de la Fiscalía
Manuel Campoy, fiscal de la Audiencia Nacional, ha impugnado la decisión del Ministerio ante el tribunal contencioso. En su demanda, solicita que se obligue al Ministerio a tramitar el procedimiento para exigir responsabilidades medioambientales a los agricultores y establecer un plazo para que se lleve a cabo. Además, busca determinar la posible responsabilidad de los involucrados y la adopción de medidas para prevenir futuros daños y reparar el daño ya causado. También se plantea que el proceso sea comunicado a la Junta de Andalucía, la entidad que tiene la competencia en la protección del espacio de Doñana.
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