Más de 86,000 propiedades ofrecidas en plataformas digitales de alquiler deben ser eliminadas por considerarse ilegales. El Ministerio de Vivienda ha detectado 86,275 inmuebles que no cumplen con los requisitos necesarios para obtener el registro de alquiler de corta duración, un paso imprescindible para su anunciación. Esta situación refleja un preocupante aumento en la cifra de propiedades ilegales, que apenas un año antes era de 53,000.

Las Causas Detrás del Problema

La mayoría de estos inmuebles se encuentran en las principales ciudades y zonas turísticas de España. Madrid lidera la lista con 5,344 solicitudes rechazadas, seguida de Barcelona con 5,005. Otras ciudades como Marbella (2,993), Sevilla (2,659) y València (1,874) también reportan cifras significativas de denegaciones.

Impacto en Málaga y Otras Provincias

El Ministerio de Vivienda ha señalado la situación particular de Málaga, donde siete municipios se encuentran entre los veinte con más solicitudes de registro rechazadas.

Un Registro Necesario

Desde la implementación del registro de alquileres de corta duración en julio, se han recibido 412,253 solicitudes. De estas, 320,620 (el 78%) corresponden a pisos turísticos, mientras que el resto se refiere a alquileres temporales. En la Comunidad de Madrid, sorprendentemente, el 83% de las solicitudes son para arrendamientos de temporada, lo que ha llevado al Gobierno a alertar sobre una posible evasión de normas mediante esta modalidad.

La Normativa Española y su Relevancia

España se posiciona como pionera en la legislación de alquileres de corta duración al establecer un registro único que debe ser utilizado por cualquier propiedad que desee anunciarse. Desde julio, todos los alquileres turísticos deben contar con un código otorgado por los Registradores de la Propiedad, que se comparte con plataformas como Airbnb, Booking y Rentalia.

Responsabilidad de las Plataformas

El compromiso de las plataformas digitales es retirar los anuncios de propiedades ilegales. Esta es una obligación asumida por compañías como Airbnb y Booking con el Gobierno, en un esfuerzo por regular el mercado de alquileres y proteger tanto a propietarios como a inquilinos.