Así, el anteproyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2006 introduce un nuevo apartado en el artículo que regula este tipo de locales. Establece que «podrá autorizarse a cada uno de los casinos de juego la instalación y funcionamiento de una o varias salas que, formando parte del casino de juego, se encuentren situadas fuera del recinto o complejo donde esté ubicado el mismo, en el número, distancia, período y condiciones que reglamentariamente se determinen». Y precisa que en estas salas apéndice se podrá practicar juegos exclusivos de casinos.

El cambio propuesto por el Ejecutivo que preside Francisco Camps abre expectativas de negocio a los casinos existentes en la Comunidad Valenciana. Hasta el momento, sólo Valencia y Alicante cuentan con casinos en funcionamiento (uno en cada provincia), aunque está en trámite la autorización de un tercer local en Castelló.

PSPV: «Atentado a la democracia»

La ley del juego es una de las 18 leyes que resultarán modificadas en el anteproyecto de la ley de acompañamiento de los presupuestos del próximo año, cuyo contenido avanzó Levante-EMV el pasado miércoles. La portavoz de Economía del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Cristina Moreno, denunció ayer que con esta ley el PP «hurta» el debate sosegado y tranquilo de otras normativas.

 La socialista aseguró que «pone de manifiesto que el Consell sólo se preocupa por los intereses inconfesables y particulares del PP y, en absoluto, por los intereses colectivos de todos los valencianos, para lo que tendría que buscar el máximo consenso, que se consigue con el diálogo y el debate». Según la diputada muchas de las modificaciones son de calado y tienen «efectos fundamentales para la sociedad» y citó la ley de la Contaminación Acústica y la de la Ordenación del Territorio.

La diputada añadió que «junto al atentado a la democracia de reducir el debate se manifiesta también un mal hacer legislativo». Y pusoel «ejemplo flagrante» de la ley de tasas promulgada en 1997, objeto de numerosas variaciones que el Ejecutivo tuvo que unificar a través de un decreto legislativo que se aprobó en 2005. Moreno considera que la «mala práctica política» de usar la ley de acompañamiento para modificar otras normativas no es necesaria. Recordó que el Gobierno central que preside José Luis Rodríguez Zapatero presentó los presupuestos del Estado sin ningún acompañamiento. «Esta práctica no debería ser obligatoria y las leyes se deben presentar cuando corresponde y cuando procede», insistió la parlamentaria.

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