En parecidos términos se baraja una futura ley que prepara la Generalitat de Cataluña que quiere prohibir la prostitución que se ejerce en carreteras y espacios públicos. En ambos casos se quiere poner coto a una actividad que ha crecido de forma paralela a la llegada de mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución de forma muy precaria y en muchos casos a las órdenes de redes organizadas. Las principales novedades que introduce la Ordenanza de Medidas para Fomentar y Garantizar la Convivencia en la ciudad de Barcelona -que ese es su nombre completo- clarifican las infracciones que se sancionarán y de qué manera. Algunas de las novedades más llamativas es que tanto el cliente de la venta ambulante -especialmente el top manta- como el que quiera cerrar un trato con una prostituta en la calle podrán ser sancionados con multas. En el caso del top manta, las multas podrán ser de 120 a 500 euros. Respecto a la prostitución, el alcalde de Barcelona, Joan Clos, precisó que la ordenanza no la prohíbe -no puede-, sino que "prevé una capacidad de sanción a la oferta y la demanda cuando exista un apoderamiento del espacio público". Es decir, en los casos en los que la prostitución callejera interfiera de forma importante en la convivencia. Esto ha empezado a ocurrir en algunos barrios de la ciudad y en cualquier franja horaria del día, lo cual solivianta a buena parte del vecindario. Para esos casos, se impondrán sanciones para ambas partes del trato. Las multas oscilarán entre 100 y 500 euros, aunque se graduará la sanción en función de la capacidad económica de quien sea multado. "No quiere decir que vamos a perseguir la prostitución. Se intervendrá cuando se observen problemas de convivencia serios y de ocupación del espacio público", insistió Clos. Estas cautelas, en parte, obedecen al hecho de que sus dos socios de gobierno -ERC e ICV-EUiA- no tienen el mismo criterio.

El Ayuntamiento intentará poner coto a las conductas incívicas que no pocos ciudadanos extranjeros exhiben durante su estancia en la ciudad. Para ellos se articulará un procedimiento exprés que exigirá el pago inmediato de la multa o bien el depósito de una cantidad mínima de la sanción que pueda corresponder. Si el afectado se niega, se le podrá derivar a la vía penal por una falta de desobediencia. "Si el ciudadano dice que no va documentado, la Guardia Urbana le acompañará a su alojamiento para tomarle los datos", explicó la concejal Assumpta Escarp.

La ordenanza condena de forma muy especial algunas conductas incívicas que se han agravado en los últimos años, especialmente este verano, como orinar en la calle, los destrozos en el mobiliario urbano, el consumo de alcohol en la calle y la mendicidad con niños. Por ejemplo, las pintadas y la colocación de pancartas y carteles podrán ser sancionadas con multas graduales de 120 a 3.000 euros, en función de la gravedad. Los juegos de apuestas, como el que practican los trileros, podrán ser multados con sanciones de entre 120 y 3.000 euros

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