La European Betting Association (EBA), organización que agrupa a 14 casas de apuestas en la Red, con una cuota de mercado del 80% en Europa, ha llevado a España ante la Comisión Europea por lo que considera una vulneración de la normativa comunitaria.

Didier Dewyn, secretario general de la organización, con sede en Bruselas, explica que la queja se fundamenta en que el juego en España es, en la práctica, un "monopolio" en manos del Estado, que impide a los operadores privados y las casas de apuestas de otros países competir en igualdad de condiciones. Anteriormente, la EBA ya había denunciado a Grecia, Alemania y Dinamarca ante el Ejecutivo comunitario.

El Tratado de la Unión Europea (UE) establece en sus artículos 43 y 49 que las empresas radicadas en cualquier país comunitario pueden establecerse y ofrecer sus servicios en otro Estado miembro, como ya ocurre en otros sectores como el de la energía o las telecomunicaciones.

Sin embargo, la Unión Europea también reconoce a los Estados nacionales la potestad para restringir determinados sectores, como el mercado de los juegos de azar, "para garantizar el orden, la seguridad y la salud pública". Además, el Tribunal de Justicia Europeo amplió las restricciones a "razones de interés general", como la protección de los consumidores o del medio ambiente, siempre y cuando las medidas no sean discriminatorias ni por causas fiscales.

En opinión de Dewyn, "los Estados miembros no deberían prohibir la iniciativa privada del sector con la excusa de la salud pública si ellos mismos incentivan los juegos de azar a través de empresas públicas".

Detrás de la queja hay mucho dinero en juego. Las empresas del sector facturan más de 8.200 millones de dólares en todo el mundo y la cifra ascenderá a 23.500 millones de dólares en 2009, según la consultora estadounidense Christiansen Capital Advisors, que calcula entre 1.800 y 2.500 los sitios disponibles en Internet.

Casino, póquer, apuestas deportivas, lotería y otras modalidades de juegos de azar en Internet arrasan en Estados Unidos y en Europa, y comienza a ser un negocio lucrativo en España. Sólo en agosto, más de 1,5 millones de españoles visitaron alguna de estas páginas, como Miapuesta o Unibet, según la consultora Nielsen Netratings. Sitios en los que cada jugador se gasta de media 200 euros al mes.

En España, sólo Loterías y Apuestas del Estado (LAE), la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y las comunidades autónomas tienen derecho a gestionar, explotar y comercializar juegos de azar, dentro y fuera de la Red.

En la mayoría de Estados miembros de la UE, las compañías de juego en Internet no pueden establecerse legalmente ni hacer campañas publicitarias. Estas empresas de juego virtual sortean la prohibición instalando sus oficinas y servidores en paraísos fiscales, como Gibraltar, o en países comunitarios donde sí está regulado el mercado, como Reino Unido, Austria o Malta.

Cada día cientos de españoles discuten y, sobre todo, apuestan dinero por el próximo campeón de la Liga, la viabilidad del Estatuto de Cataluña y hasta por el sexo o la altura del futuro hijo de los Príncipes de Asturias. La oferta es extensa: hay entre 1.800 y 2.500 sitios disponibles a un clic de ratón.

El portal apuestas.com, creado en 2001, ofrece información sobre las distintas casas y tipos de juegos que existen y cuales pagan más al apostante. Tiene casi 22.000 clientes a los que recomiendan las páginas que "ofrecen sus productos en español, llevan tiempo establecidas, tienen licencia legal en el país de origen y son fiables", explica su responsable Rubén Iglesias.

La consultora Christiansen Capital Advisors cifra en 23 millones los internautas que han jugado por Internet este año en el mundo, "si se tiene en cuenta que cada jugador apuesta en distintas casas y a diferentes juegos", explica su portavoz Jason Pawlina.

En España, la mayoría son hombres (92%) de unos 31 años que se decantan por las apuestas deportivas (85%). Casino virtual (12%) y póquer (3%) completan el perfil humano, según datos de Unibet. Esta empresa de origen sueco creada en 1997 tiene su sede en Londres, cotiza en la bolsa de Estocolmo y ofrece sus servicios de apuestas sobre deportes en 12 idiomas, además de casino y póquer virtual. Unibet tiene 720.000 clientes registrados, de los cuales 10.000 son españoles. Recientemente un apostante madrileño ganó en su casino más de 116.000 euros con una escalera de color. Sólo había jugado cinco euros.

En Betandwin.com, con más de 1,5 millones de clientes en Europa, se registran una media de 3,4 apuestas por minuto (4.000 diarias) de más de 40 deportes, su actividad principal. Además ofrece 30 juegos de casino y lotería. La compañía opera por Internet bajo licencias de juego de Gibraltar, Austria, Alemania y Gran Bretaña. La casa matriz es austriaca donde cotiza en bolsa y fue fundada en 1997.

Más de 130.000 internautas realizan apuestas en Gran Bretaña a través de la página Sportingbet, cuya versión en español española es Miapuesta.com. El grupo, dice, registra una media de 28 apuestas por segundo.

Esta es la realidad que se vive en el ciberespacio, a pesar de que en España está prohibido comercializar juegos de azar salvo los que ofrecen Loterías y Apuestas del Estado (LAE), la ONCE y las Comunidades Autónomas.

"Todas estas ofertas son ilegales según la legislación vigente. La venta o explotación sin autorización se considera contrabando. Lo que está prohibido fuera también lo está en la Red", explica Juan Gallardo, asesor jurídico de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), quien reconoce la dificultad para perseguir a compañías que ofrecen servicios por Internet mediante licencias legales en otros países europeos.

Primitiva en Red

En julio, el Ministerio de Economía autorizó a LAE la comercialización de sus productos por Internet y otros sistemas interactivos. El servicio arrancó el 12 de septiembre y tiene 750 clientes. Los ciudadanos pueden jugar un máximo de 200 euros semanales a la Lotería primitiva, El Gordo de la primitiva, la Bonoloto, el Euromillón y la Quiniela por Red. Para el pago de las apuestas es necesario que el jugador sea titular de una cuenta bancaria electrónica.

A nivel comunitario no hay ninguna norma que regule el juego por Internet y las leyes nacionales varían considerablemente de un país a otro de la UE. Gran Bretaña permite las apuestas deportivas a través de licencia y los proveedores de apuestas son controlados por un órgano de supervisión. Portugal no las permite ni a su monopolio y Francia ni tan siquiera considera servicios a los juegos de azar y sólo los autoriza a través de su monopolio.

La Comisión Europea ha solicitado un estudio al Instituto Suizo de Derecho Comparado para evaluar las distintas legislaciones nacionales sobre juegos de azar y su impacto en el mercado europeo. El ejecutivo comunitario incluía los juegos de azar en su polémica propuesta de directiva de servicios, actualmente en discusión en la Eurocámara, que debe garantizar la libre circulación de servicios entre los estados miembros, tal y como ocurre con personas, bienes y capitales.

La propuesta cubría "las loterías y apuestas deportivas y los juegos promocionales", aunque quedarían excluídos casinos, bingo o póquer virtual. Sin embargo, la comisión parlamentaria que redacta las enmiendas propone su "exclusión total" y cuenta con el apoyo de los grupos mayoritarios: populares y socialistas. Además, en el Consejo de la UE, Gran Bretaña y Francia también apoyarían la exclusión.

Las 14 casas de apuestas europeas agrupadas en la European Betting Association (EBA) trabajan para "conseguir un marco legal que dé garantías jurídicas a las empresas y los consumidores" mediante un órgano regulador que pueda excluir del mercado a aquellas empresas que incumplan la normativa. Queremos juegos justos, seguros y socialmente responsables", explica Dewyn.

EBA tiene puestas sus esperanzas en la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia sobre el caso Gambelli (2003) que reconocía que "si un estado incita a la participación en loterías, apuestas y juegos de azar con el fin de obtener beneficios, dicho estado no podía invocar el mantenimiento del orden público para justificar medidas restrictivas".

Gallardo no lo ve así: "El caso Gambelli siguió la jurisprudencia de otros anteriores que reconocían la potestad de los estados para restringir el sector por razones de salud pública y recordaba que las restricciones no deben ser por asuntos fiscales ni de discriminación". Según Gallardo, además, "Todos los estados estamos de acuerdo en evitar las apuestas transfronterizas

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