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RAJOY MANTENDRA SUS REFORMAS PESE A LA HUELGA 

El Gobierno del PP sufre el paro en un momento de creciente debilidad tras los reveses electorales en Andalucía y Asturias, y la presión creciente de Bruselas.

El Gobierno de Mariano Rajoy sufrirá este jueves una huelga general cuando aún no lleva ni cien días de mandato. El octavo paro general de la democracia, “el más justificado de todos”, según los convocantes UGT y CCOO, llega en un momento de especial debilidad para el Ejecutivo del PP. La huelga pretende meter presión al Gobierno central para que cambie una reforma laboral de urgencia que le exigió Bruselas y que abarata el despido además de permitir bajadas unilaterales de sueldo. La convocatoria se produce cuando España padece los mayores problemas de paro de su historia (hay 5,3 millones de desempleados), llega con el Ejecutivo del PP zarandeado por un imprevisto resultado electoral en Andalucía —que mantiene a la izquierda en el poder de la comunidad más poblada de España— y cuestionado por las autoridades europeas, que desconfían del rumbo que sigue este país y duplican sus exigencias de disciplina. Con estos antecedentes, la movilización de los trabajadores contra le reforma laboral no hará rectificar una coma a Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno, que ha negado que el fracaso electoral en Andalucía tenga que ver con su política de recortes, subidas de impuestos y eliminación de derechos de los trabajadores, ha insistido en su intención de avanzar en los ajustes que necesita España, mantener intacta la reforma laboral que han aprobado y desoír las reivindicaciones de sindicatos y trabajadores.

El día siguiente al paro general en España, Rajoy aprobará en consejo de ministros un proyecto de presupuestos del Estado que será “el más austero de la democracia”, según ha anunciado. Con una reducción media del 15% en las partidas de todos los ministerios, la difícil asignatura del cumplimiento del objetivo de déficit justo en el comienzo de una larga recesión provocará más paro y pobreza en el país, según todos los pronósticos.

La huelga sigue la senda marcada hace sólo año y medio como consecuencia de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que también planteaba mecanismos para abaratar el despido y que fue contestada por los sindicatos con una protesta general. Entonces, el Ejecutivo socialista tampoco rectificó. En aquella ocasión, el PP atacó con dureza a los sindicatos, rechazó las razones esgrimidas para la huelga y censuró aquella iniciativa mucho más que lo hizo el Gobierno socialista.

A diferencia de lo ocurrido en septiembre de 2010, la protesta de hoy cuenta con el apoyo de los socialistas, que entienden las razones que esgrimen los sindicatos y ya han anunciado que recurrirán la reforma laboral ante el Tribunal Constitucional por entender que vulnera varios artículos de la Norma Fundamental. Lo hará si el Gobierno, como parece que es su intención, no rectifica la normativa, como reclaman los sindicatos.

Aunque los socialistas no secundarán la huelga ni dejarán de trabajar en el Congreso de los Diputados y en los parlamentos autónomos durante la jornada de protesta, las declaraciones de sus dirigentes son de claro apoyo a la iniciativa.

Los populares consideraron insuficiente en 2010 la reforma laboral que aprobó el PSOE y aunque entonces criticó el abaratamiento del despido, ahora han profundizado en los ajustes de esa normativa acogiendo los principales criterios de la patronal CEOE y rechazando los planteamientos de los sindicatos. “Es la mayor regresión de la democracia”, señalan los líderes de CCOO y UGT.

El Gobierno del PP entiende que la nueva reforma laboral contribuirá a la creación de empleo. Los socialistas consideran que causará más despidos.

Será la quinta convocatoria de este tipo de las ocho registradas en democracia donde la protesta tiene que ver fundamentalmente con recortes en materia de desempleo o con una reforma laboral.

En las cuatro ocasiones anteriores (1992, 1994, 2002 y 2010), la protesta apenas hizo cambiar a los Gobiernos que aprobaron las reformas. Sólo en uno de los casos, la reforma aprobada por el Gobierno de José María Aznar en 2002, en pleno auge económico, fue considerada inconstitucional por el Tribunal por “uso abusivo del decreto Ley”.

La convocatoria de hoy, pese a la tensión desencadenada por una reforma que los sindicatos consideran “la más lesiva para los trabajadores en la historia de la democracia”, no parece abocada a los incidentes callejeros.

En los centros de trabajo más sensibles en jornadas de este tipo, como el transporte público, las administraciones públicas y los sindicatos han pactado servicios mínimos que, al menos, garantizarán una cierta paz durante la jornada, a diferencia de lo que ocurrió en septiembre de 2010.

Entonces, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, impuso unos servicios mínimos al Metro de Madrid que los sindicatos rechazaron, lo que motivó diversos incidentes de madrugada para intentar bloquear un sistema de transporte esencial en la capital de España.   Fuente

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