Las
protestas en contra de ACTA se han generalizado por toda
Europa. El sábado pasado, en la capital eslovena, Ljubljana, cerca
de dos mil personas se manifestaron en contra de esta ley, así como
decenas de miles lo hicieron en
Polonia. Se prevén cientos de protestas en diferentes
países para los próximos días, y una acción más coordinada para el
próximo 11 de febrero.
Por otro lado, una petición que solicita el rechazo del Acuerdo
Comercial Anti-Falsificación (ACTA) ha conseguido ya más de 1,75
millones de firmas en toda Europa.
No es de extrañar este movimiento en contra de ACTA, habida
cuenta de la opacidad en las
negociaciones referentes a la misma, y el constante goteo
de leyes anti-internet (anti-piratería,
disculpad el descuido) como son SOPA, PIPA, TPP, ACTA..., leyes
todas ellas muy distintas en forma, pero con un fondo común,
proteger la propiedad intelectual pisoteando los derechos y
libertades de los usuarios.
Un integrante de la Comisión Europea envió un
tweet donde adjuntaba una carta remitida por Karel De Gucht, el
Comisario de Comercio, al Parlamento Europeo el día 30 de enero como
respuesta al enojo y oposición de la sociedad ante la firma de ACTA.
Dicha carta solicita a los
parlamentarios que ignoren deliberadamente a la opinión pública
a la hora de decidir sobre el voto final, y utiliza como argumento a
favor de la ratificación de ACTA, los ataques DDoS llevados a cabo
por Anonymous contra el Parlamento.
Pero no fue únicamente ese documento el enviado, dado que además
adjunto dos archivos para contrarrestar a la opinión pública: "10
Mitos sobre ACTA" y "Argumentos
ACTA".
Por su parte, la
ONG francesa Quadrature du Net, llevó a cabo un exhaustivo
análisis de estos documentos enviados por De Gucht, y ha publicado
varios argumentos para que los usuarios puedan contrarrestar
lo que han calificado de mentiras
por parte de la Comisión Europea.
Hasta la fecha, algunos países
como Eslovenia o Polonia han decidido finalmente no ratificar ACTA,
a pesar de que un primer momento sí firmaron el tratado.
La embajadora de Eslovenia
dijo textualmente:
"Firmé ACTA por descuido cívico, porque no puse la atención
debida. Simplemente, no conecté claramente este acuerdo que fui
instruida de firmar, con ese acuerdo que, de acuerdo a mi propia
convicción cívica, limita y restringe la libertad de participar en
una de las más grandes y significantes redes en la historia de la
humanidad, esto limita particularmente el futuro de mis hijos".
Donald Dusk, el Primer Ministro de Polonia
anunció:
"He tomado la decisión de suspender definitivamente el
proceso de ratificación de ACTA.
Consideró los argumentos de los usuarios de internet razonables,
estoy de acuerdo con quienes argumentan que las consultas de ACTA no
fueron inclusivas. Consultamos solo distribuidores y cineastas. Los
intereses del Internet no están representados."
Esperemos que las constantes
protestas ante esta violación de los derechos de libertad
continúen teniendo efectos positivos, y los próximos 29 de febrero y
el 1 de marzo, momento en que se llevará a cabo el pleno donde se
debatirá sobre el futuro de esta ley, el no sea rotundo y unánime.
Usuarios de Internet y miembros del Gobierno en muchos países
europeos han estado protestando, cada vez con mayor intensidad,
contra un tratado sobre piratería en Internet y propiedad
intelectual conocido como Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA,
por sus siglas en inglés). ACTA establecería un marco para luchar
contra la infracción de los derechos de autor a través de fronteras
internacionales, ya sean físicas o digitales. Sus oponentes señalan
que su alcance es demasiado amplio y advierten que podría dar lugar
a la toma de medidas enérgicas contra la piratería digital a pequeña
escala y tener consecuencias no deseadas para los medicamentos
genéricos, que se clasifican junto a los falsos. A los críticos
también les preocupa que dependa de cada país decidir lo que
constituye piratería a nivel "comercial" y afirman que se han
llevado a cabo pocas consultas públicas para redactar el tratado.
Las protestas están teniendo lugar tras
una reacción online sin precedentes provocada por dos
proyectos de ley contra la piratería en EE.UU. el mes pasado. Varios
de los sitios web más importantes, como Google y Wikipedia,
bloquearon contenidos y millones de usuarios de Internet firmaron
peticiones para protestar contra los dos proyectos: la Ley para
Detener la Piratería en Línea (SOPA, por sus siglas en inglés) y la
Ley de Protección de las IP (PIPA), obligando a muchos legisladores
a retirar su apoyo a la legislación propuesta.
Según afirman abogados especializados en tecnología, académicos y
activistas, se ha combinado una serie de eventos que han conseguido
alimentar una renovada defensa entre los usuarios comunes de
Internet. Al margen de SOPA y PIPA, también cabe destacar lo
ocurrido con Wikileaks del año pasado, además del asalto coordinado
a nivel mundial contra el sitio web de intercambio de archivos
Megaupload.
"Creo que muchos ciudadanos en todo el mundo han sido conscientes
del asunto gracias al nivel de atención provocado por SOPA/PIPA y
Megaupload", señala Jeremie Zimmerman, jefe del grupo francés de
defensa de Internet
La Quadrature
du Net. "Ha arrojado luz sobre ACTA, que irónicamente fue
redactado mucho antes y ha servido de modelo para SOPA/PIPA".
El viernes pasado, el presidente polaco Donald Tusk señaló que su
Gobierno iba a suspender el proceso de ratificación después de
grandes protestas callejeras en su país. Mientras tanto, el
representante de Eslovenia en el tratado se disculpó por su apoyo,
al mismo tiempo que Anonymous atacaba la página web de un banco
importante de dicho país. Miembros del Parlamento búlgaro se
pusieron las máscaras de Guy Fawkes asociadas con Anonymous, como
símbolo de protesta, tras la firma de ACTA por parte del Gobierno.
Se han programado más protestas contra ACTA en varias ciudades
europeas el 11 de febrero.
Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Japón, Marruecos, México,
Singapur, la Unión Europea y muchos otros países son parte del
acuerdo, que entrará en vigor si es ratificado por al menos seis
miembros. Hasta ahora, ninguno lo ha ratificado. Sus críticos
señalan que reprimiría la libertad de expresión en Internet.
Los grupos comerciales, como la Motion Picture Association of
America (MPAA), la Recording Industry Association of America, y la
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, han
participado activamente en el desarrollo del acuerdo y han prometido
su apoyo.
En septiembre de 2011, Christopher Dodd, exsenador de Connecticut
y actual jefe de la MPAA, elogió el nuevo acuerdo. "El robo de
propiedad intelectual a una escala mundial sin precedentes está
privando a los creadores y titulares de derechos de autor de los
ingresos que merecen tras sus enormes inversiones de creatividad,
experiencia y trabajo duro, lo que socava el sector creativo en
todos los países", indicó.
A finales de enero, Kader Arif, miembro francés del Parlamento
Europeo, renunció a su cargo en calidad de ponente Europeo de ACTA y
denunció el tratado "de la manera más contundente posible" por no
"incluir organizaciones de la sociedad civil y no poseer
transparencia desde el inicio de las negociaciones".
"Esta repentina erupción en Polonia, en mi opinión, era una
especie de reacción paradójica a un periodo más largo de silencio",
indica Katarzyna Szymielewicz, cofundadora de la
Fundación
Panoptykon, un grupo activista de la privacidad en Polonia. "La
sociedad, e incluyo a usuarios de Internet jóvenes y educados, solía
ser muy pasiva en cuanto a su participación en debates mundiales
relacionados con Internet, como por
ejemplo la retención de datos o el bloqueo de Internet. De pronto,
ha 'descubierto' que su Gobierno está a punto de concluir un acuerdo
muy controvertido a sus espaldas y que dicho acuerdo puede afectar a
su vida diaria. La respuesta ha sido rabiosa, un poco como cuando
abres una lata de refresco después de agitarla".
Algunos activistas creen que ACTA podría incluso ser mal
utilizado con fines políticos, y observan un paralelismo con la
forma en que Wikileaks sufrió presión financiera tras hacer pública
una enorme cantidad de comunicaciones del Gobierno de EE.UU. el año
pasado. "Imaginemos un mundo donde nuestros negocios pudieran ver su
existencia amenazada por medidas tomadas por vigilantes, promovidos
por su propio Gobierno o por otros extranjeros, tales como nuestro
proveedor de alojamiento, el registrador o el registro de nombres de
dominio, la red de publicidad o el proveedor de servicios de pago",
señala Joe McNamee, director de European Digital Rights, un grupo de
defensa de Internet con sede en Bruselas. "La amenaza no es teórica,
tal y como demuestra Wikileaks".