No por esperada dejó de caer la noticia como un “jarro de agua
fría” sobre los familiares de los 62 militares muertos en el
accidente del Yak-42, el 26 de mayo de 2003. El titular del juzgado
central número tres de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska,
decretó el “sobreseimiento libre” de la cúpula militar de la etapa
de Federico Trillo al frente de Defensa, por considerar que no
existió “responsabilidad penal relevante” en la mayor catástrofe
sufrida por las Fuerzas Armadas españolas en tiempo de paz.
En el sumario abierto para investigar las múltiples
irregularidades que rodearon la contratación del avión ucraniano
estaban imputados hasta ahora los entonces jefe del Estado Mayor de
la Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá; jefe del
Estado Mayor Conjunto, Juan Luis Ibarreta; jefe de la División de
Operaciones, contralmirante José Antonio Martínez Sainz-Rozas; el
coronel Joaquín Yáñez González y el teniente coronel Alfonso Elías
Lorenzo Taboada, miembros del Grupo de Control del Contrato con la
agencia NAMSA de la OTAN; y el coronel Abraham Ruiz López,
representante español ante NAMSA.
El juez concluye que la causa del accidente en el que perdieron
la vida los militares que regresaban de cumplir su misión en
Afganistán fue “la falta de preparación concreta de la tripulación
para aterrizar en aeropuertos como el de Trabzon (Turquía)”, así
como para reaccionar “ante situaciones de riesgo”, lo que, “unido a
la razonable fatiga”, hizo que el piloto se desorientara y se
dirigiera hacia unas montañas. “No fueron las circunstancias
relativas al estado y mantenimiento de la aeronave las causas,
directas ni indirectas, del siniestro”, concluye.
Marlaska no ve responsabilidad en el hecho de que Defensa
contratara los vuelos de traslado de tropas con la agencia NAMSA,
que adjudicó el contrato al broker Chapman Freeborn, que a su vez
subcontrató, a través de varios intermediarios, con la ucraniana UM
Air, y subraya la autonomía que tienen los comandantes de los
aviones para organizar los vuelos y más aún “en escenarios bélicos”.
Concluye que no se podía exigir a los mandos militares imputados
“una acción concreta omitida, intencional o imprudente, relacionada
con el vuelo en sí mismo o de carácter colateral”, por lo que
decreta el sobreseimiento.
Eso sí, subraya que su decisión “en modo alguno desvirtúa la
gravedad de los hechos” ni la existencia de “cualquier otra
responsabilidad” distinta a la penal.
La decisión del juez contradice a la Fiscalía, que estimó que los
mandos militares incurrieron en una “imprudencia grave” y una
“absoluta falta de diligencia, pese a tener conocimiento de las
enormes deficiencias e irregularidades que caracterizaban” ese tipo
de vuelos. Todo ello, para el fiscal, “hacía previsible que pudiera
suceder [un siniestro] que hubiera sido evitable”.
Es la tercera vez que se archiva el caso Yak-42. En las dos
anteriores, en 2004 y 2008, la Sala de lo Penal ordenó reabrir la
investigación. Es dudoso que ahora suceda lo mismo, pues la sala que
debe resolver los recursos ya rechazó en abril de 2010 ampliar la
lista de imputados con un auto que ha servido ahora a Marlaska para
decretar el archivo.
Al margen de este sumario, la Audiencia Nacional condenó en 2009
al general médico Vicente Navarro, ya fallecido, y a sus dos
subordinados (los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel
Sanz) por falsear las identidades de 30 de los 62 militares
fallecidos en el Yak-42.
